A pocos días de cumplirse un año de la intoxicación de 23 escolares del colegio Gamaliel Churata, en Cabana, Puno, la fiscal Beatriz Cahuari Durand emitió un informe en el que concluye que no ha logrado identificar a los responsables del grave incidente que afectó la salud de los menores. Los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2024, cuando los niños presentaron cuadros de fiebre, vómitos y dolores estomacales tras consumir arroz chaufa elaborado con conservas de pollo “Don Simón”, producidas por Peruvian Aliment Company SAC, empresa vinculada a Frigoinca y a su propietario, Nilo Burga Malca.
Pese a los testimonios de los estudiantes, las declaraciones de los padres de familia y las historias clínicas de los afectados, la fiscal indicó que no ha encontrado pruebas suficientes para determinar responsabilidades. “No se ha logrado aún obtener algunos elementos de convicción consistentes en el resultado del análisis de las historias clínicas de los menores agraviados (…) lo que se requiere para conocer el grado de afectación en la salud física de los agraviados”, señaló Cahuari en el informe.
Según el expediente del caso, el análisis de las conservas fue realizado por el laboratorio Mevalab Certificaciones e Inspecciones EIRL, el cual concluyó que el producto era apto para el consumo humano. Sin embargo, una investigación periodística reveló que Mevalab mantiene vínculos con Frigoinca, lo que ha puesto en entredicho la imparcialidad de los resultados.
Además, se descubrió que la representante de Frigoinca, Noemí Alvarado Llanos, pagó sobornos al funcionario de la Dirección Regional de Salud de Puno, Ronald Loza, para evadir responsabilidades. En noviembre de 2024, Alvarado admitió en un programa televisivo que Frigoinca adulteraba el contenido de las conservas con aditivos y carne de caballo.
A pesar de estas revelaciones, la fiscal Cahuari ha decidido disponer la reserva provisional de la investigación, lo que podría llevar al archivo definitivo del caso. “Parece que el caso va camino a la impunidad”, advirtió César Quispe Calsín, abogado de las víctimas.
Las familias de los niños intoxicados exigen justicia y una respuesta clara de las autoridades para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir en el marco del programa de alimentación escolar Qali Warma, ahora denominado Wasi Mikuna.