En medio de cuestionamientos desde el Ejecutivo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, defendió su gestión al frente del Ministerio Público con datos oficiales que buscan desmontar las críticas sobre una supuesta inacción frente a la criminalidad. Durante una reunión interinstitucional dedicada a la seguridad ciudadana, Espinoza reveló que de los 43.747 detenidos en flagrancia entre enero y marzo, apenas el 2.63% (menos de 1.150 personas) están vinculados a delitos como extorsión, sicariato y secuestro.
“Las cifras de detenidos y de los que son liberados solo pueden ser verificadas y consultadas a través del Renadespple. Nosotros trabajamos con datos oficiales que están al alcance del Estado”, subrayó Espinoza, en alusión al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple).
La fiscal sostuvo que, si bien es necesaria una evaluación crítica del trabajo del Ministerio Público, esta debe basarse en evidencia concreta. “Estamos de acuerdo en que los fiscales que no cumplen con su labor deben ser sancionados, pero no se puede hablar de estos temas sin cifras reales”, recalcó.
Las declaraciones de Espinoza se producen días después de que la presidenta Dina Boluarte volviera a lanzar duras críticas contra el Ministerio Público durante la sesión del Foro del Acuerdo Nacional, realizada el pasado 8 de abril. Según la mandataria, la Fiscalía estaría desviando recursos para investigaciones políticas, desatendiendo así la lucha frontal contra el crimen organizado y la violencia.
Boluarte también lamentó la ausencia de Espinoza en el mencionado foro y pidió que todas las instituciones del Estado actúen de manera conjunta. “Aquí todos hemos consensuado trabajar de manera unida en lo que es primordial para la patria: la seguridad ciudadana”, expresó.
En paralelo, el Ministerio Público enfrenta una etapa de tensión interna, marcada por la reciente salida del fiscal José Domingo Pérez, quien denunció haber sido impedido de ingresar a su oficina. “Esto representa mi salida definitiva del Ministerio Público”, afirmó el exintegrante del equipo especial Lava Jato.
Mientras tanto, el Congreso decidirá en las próximas horas si admite una acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los relojes Rolex y las presuntas cirugías estéticas realizadas durante su mandato, lo que añade una nueva capa de incertidumbre a la ya agitada coyuntura política.