El Ministerio Público solicitó este sábado a la presidenta de la República, Dina Boluarte, observar la reciente autógrafa de ley de extinción de dominio aprobada por el Congreso, al considerar que las modificaciones introducidas representarían un grave retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos.
A través de un comunicado institucional, la Fiscalía expresó su preocupación por la nueva normativa que exige una sentencia penal firme para aplicar la extinción de dominio y elimina la obligación del investigado de demostrar la legalidad de sus bienes. Además, se excluyen delitos como corrupción y lavado de activos del ámbito de aplicación de esta figura legal, lo que ha generado críticas desde diversos sectores judiciales.
“Hacemos un llamado a la presidenta de la República para que observe esta autógrafa y se mantenga la norma vigente, la cual ha permitido resultados positivos en la lucha contra delitos graves”, señaló el Ministerio Público, alineándose con el pronunciamiento emitido también por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La entidad subrayó que la ley actual cumple con los estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas y los compromisos adquiridos por el Perú en las Convenciones de Palermo y Mérida. “La extinción de dominio constituye una herramienta eficaz contra la criminalidad organizada, cuyas ganancias ilícitas no deben ser aprovechadas por los delincuentes”, remarcó.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, también exhortó al Parlamento a revisar con urgencia varias leyes aprobadas recientemente, que –según dijo– debilitan el sistema judicial frente a organizaciones delictivas. Entre ellas, destacó la ley que eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia, así como otras normas que reducen el tiempo de colaboración eficaz o que limitan las investigaciones a organizaciones criminales.
La controversia se da en un contexto de creciente inseguridad ciudadana y en medio de denuncias sobre medidas legislativas que favorecerían la impunidad de funcionarios investigados, especialmente por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y casos emblemáticos de corrupción.
El Ministerio Público concluyó su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la legalidad y la justicia, e instó al Ejecutivo a no permitir que se debiliten las herramientas que han sido clave en la lucha contra la criminalidad en el país.