En medio de un clima político cada vez más asfixiante, la presidenta Dina Boluarte ha dejado al descubierto su mayor miedo: ser obligada a dejar el cargo antes de culminar su mandato en 2026. La mandataria ha endurecido su discurso, arremetiendo no solo contra la prensa y la Fiscalía de la Nación, sino también adoptando una retórica autoritaria y alineada con los sectores más radicales del Congreso, con tal de garantizar su permanencia en el poder.
La reciente intervención fiscal en la vivienda de su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no solo encendió las alarmas en Palacio de Gobierno, sino que evidenció el alto nivel de tensión al interior del Ejecutivo. Boluarte, lejos de marcar distancia, defendió a capa y espada al cuestionado ministro, acusando a la Fiscalía y a los medios de comunicación críticos de formar parte de un plan para ejecutar un “golpe de Estado blando”.
“Ahora los golpes de Estado ya no vienen desde el Ejército, sino desde el Ministerio Público”, señaló la presidenta, visiblemente molesta, durante una sesión del COEN. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Con un discurso calcado de la narrativa fujimorista, Boluarte intentó victimizarse ante la ciudadanía, sugiriendo que existe una conspiración en su contra.
Un ministro acorralado y un viaje polémico
El ministro Santiváñez, investigado por presunto abuso de autoridad, fue autorizado de manera exprés para salir del país, pese a que la Fiscalía ya había solicitado impedimento de salida por 18 meses. Sin embargo, el permiso presidencial le permitió viajar sin trabas a Europa, dejando atrás las investigaciones que lo persiguen.
La defensa férrea de Boluarte hacia su ministro no es gratuita. Santiváñez representa un eslabón clave en la estrategia del Ejecutivo para consolidar el control político sobre el Ministerio del Interior, una cartera históricamente conflictiva y hoy utilizada como herramienta de confrontación contra sectores críticos del régimen.
El temor detrás del ataque
Para analistas políticos, este giro autoritario de Boluarte no es casualidad, sino una respuesta directa a su temor creciente de perder el respaldo parlamentario y quedar vulnerable ante las investigaciones en su contra. Como señala el politólogo José Alejandro Godoy, la presidenta sabe que su permanencia en el poder es su único escudo frente a posibles procesos judiciales que la podrían llevar a prisión una vez que pierda la inmunidad presidencial.
La alianza con el sector más radical del Congreso —fujimoristas, ultraconservadores y grupos de derecha dura— es una apuesta desesperada para mantenerse a flote. En esa línea, el discurso “anticaviar” y las acusaciones contra la prensa independiente son parte de una estrategia de polarización, que busca victimizar al Gobierno mientras refuerza la idea de un enemigo común.
Congreso cómplice
En el Parlamento, el blindaje al ministro Santiváñez fue inmediato. Fuerza Popular y aliados minimizaron la gravedad de las denuncias y defendieron la permanencia del cuestionado funcionario, a pesar de las evidentes irregularidades en torno al acceso anticipado de material periodístico y las filtraciones desde el propio Ejecutivo.
El congresista José Cueto (Honor y Democracia) y el fujimorista Fernando Rospigliosi cerraron filas en torno al ministro, sugiriendo que las acciones de la Fiscalía son una represalia por intentar devolverle poder a la Policía Nacional. El mensaje es claro: el Congreso está dispuesto a blindar al Ejecutivo a cambio de mantener el control político y garantizar su propia estabilidad.
Una presidencia acorralada
El pánico de Dina Boluarte ante la posibilidad de ser vacada o investigada una vez fuera del poder ha convertido a su Gobierno en un régimen paranoico, dispuesto a atacar a fiscales, periodistas y cualquier voz crítica que cuestione sus acciones. Este miedo ha llevado a Boluarte a convertir a la presidencia en un búnker donde cada decisión se toma en función de la supervivencia política y no del bienestar ciudadano.
Con una aprobación ciudadana en mínimos históricos y un gabinete cada vez más cuestionado, el temor de salir antes de tiempo ha dejado a Dina Boluarte atrapada en su propio laberinto. La pregunta ya no es si logrará llegar al 2026, sino cuánto daño institucional causará en el intento.