En medio de la creciente ola de criminalidad que azota al país, el Congreso de la República vuelve a darle la espalda a una de las herramientas clave para combatir el crimen organizado: la detención preliminar. Pese a que el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, había anunciado que el debate de la norma sería prioritario en la primera semana de marzo, la agenda oficial del Pleno de este jueves 6 no incluye el tema.
De acuerdo con fuentes parlamentarias, la Junta de Portavoces, reunida el martes, no consideró necesario agendar el debate, evidenciando la falta de voluntad política para enfrentar la inseguridad que afecta a millones de peruanos. Este nuevo aplazamiento genera críticas y suspicacias, ya que la no restitución de la detención preliminar favorece a personajes vinculados a investigaciones por crimen organizado, entre ellos Vladimir Cerrón, Fredy Hinojosa y Julio Demartini.
Susel Paredes exige priorizar el debate
La congresista Susel Paredes, del Bloque Democrático, envió un oficio a Salhuana solicitando formalmente que el debate sea incluido en la sesión de este jueves. La parlamentaria argumenta que el Ministerio Público ha advertido que la eliminación de esta herramienta judicial limita gravemente la capacidad de los fiscales para actuar en investigaciones complejas, especialmente aquellas vinculadas a organizaciones criminales.
Un historial de postergaciones y blindajes
El caso de la detención preliminar ha sido objeto de controversia desde diciembre de 2024, cuando el Congreso eliminó esta figura para casos de no flagrancia, una decisión que fue rápidamente promulgada por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, ante el rechazo ciudadano y las alertas de especialistas, el propio Legislativo intentó rectificar enviando una nueva autógrafa para restituirla. El Ejecutivo, a través del entonces primer ministro Gustavo Adrianzén, observó la ley, prolongando aún más el proceso.
Intentos para acelerar el debate, como la moción de la congresista Ruth Luque para convocar un pleno extraordinario, también fracasaron por falta de apoyo de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso, bancadas señaladas por sus vínculos con políticos investigados.
¿Congreso cómplice de la impunidad?
Diversas bancadas, como Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y la Bancada Socialista, han manifestado su respaldo a la restitución de la detención preliminar, señalando que la inacción del Congreso favorece directamente a estructuras corruptas infiltradas en el Estado.
Mientras tanto, el mensaje que envía el Parlamento es claro: la seguridad ciudadana no es prioridad, y la lucha contra la criminalidad queda nuevamente relegada, mientras el país sigue sumido en la violencia y el temor.