El Ejecutivo ha aprobado mediante decreto supremo el incremento del sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/35.568 mensuales, una medida que ha generado controversia tanto en la clase política como en la opinión pública. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, durante la sesión del Consejo de Ministros.
Según el titular del MEF, el nuevo monto se sustenta en una “proyección salarial” de los principales cargos del Ejecutivo, detallada en el Informe N.° 0034-2025-EF/53.07, donde se comparan las remuneraciones de ministros, altos funcionarios y la jefa de Estado. “No sería viable que la presidenta gane menos que un ministro”, señaló Pérez Reyes, justificando el reajuste.
De S/16.000 a S/35.568: un aumento que duplica su sueldo
Hasta antes del cambio, Boluarte percibía S/16.000 mensuales. Con el nuevo monto, su salario supera incluso al de ministros de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional y rectores de universidades públicas.
El Ejecutivo invocó el artículo 4 de la Ley N.º 28212, que establece que el presidente de la República debe recibir la mayor remuneración dentro del aparato estatal.
¿Legal o inconstitucional? Críticas por posible vulneración del tope salarial
Sin embargo, especialistas han advertido que el aumento contradice la misma Ley 28212, que fija un límite remunerativo de 10 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP) para funcionarios públicos. Actualmente, cada UISP equivale a S/2.500, por lo que el tope legal permitido sería de S/25.000 mensuales.
“La presidenta estaría autobeneficiándose con una medida que rompe el límite legal y que podría sentar un peligroso precedente”, declaró la abogada Beatriz Ramírez a medios locales, señalando además una pérdida del “pudor institucional” en el manejo de estos ajustes.
Un nuevo techo en el Estado
Con esta decisión, Dina Boluarte se ubica ahora como la funcionaria pública con el salario más alto del país, en un contexto económico donde gran parte de la población exige mejoras salariales, retiro de fondos previsionales y mayor transparencia en el gasto público.