En medio de nuevas denuncias de acoso laboral y restricciones a la libertad de expresión, el Congreso de la República ha sido acusado de implementar una política interna para silenciar a sus propios trabajadores. Una serie de memorandos y recordatorios enviados por la Oficialía Mayor reafirman la aplicación del artículo 89 del Reglamento Interno de Trabajo, el cual prohíbe emitir declaraciones públicas sobre temas vinculados al Parlamento.
Sin embargo, para exasesores como Diego Pomareda y dirigentes sindicales como Tulio Vizcarra y Marie Silva, estas medidas no son simples recordatorios, sino un intento sistemático de represión. Pomareda, quien enfrenta actualmente un proceso judicial tras haber sido sancionado por emitir opiniones críticas en redes sociales, denuncia una estrategia de amedrentamiento que culminó con su inscripción en el registro de funcionarios sancionados, afectando su vida profesional.
La tensión se ha trasladado también a los gremios. El Sindicato de Trabajadores del Parlamento (Sitraparl) ha emitido comunicados de protesta, exigiendo respeto por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos la libertad de expresión. Por su parte, miembros del sindicato Sitracon acusan a funcionarios del Congreso de violencia verbal, acoso y represalias por solicitar información sobre presuntos actos de corrupción.
Todo esto ocurre mientras la Mesa Directiva del Congreso, liderada por Eduardo Salhuana, guarda silencio ante los cuestionamientos y defiende la normativa interna, generando un debate nacional sobre el respeto a los derechos laborales y la transparencia en una de las instituciones llamadas a garantizar la democracia en el país.
La situación ha encendido las alarmas entre juristas, trabajadores y defensores de derechos humanos, quienes advierten que el Parlamento se estaría convirtiendo en un espacio de censura y represión, más que en un bastión de representación y fiscalización ciudadana.