La congresista Susel Paredes (Bloque Democrático) presentó un proyecto de ley que busca eliminar el financiamiento estatal para la defensa legal privada de funcionarios públicos procesados por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Paredes argumentó que la medida permitirá un ahorro significativo para el Estado, que actualmente destina millones de soles a la contratación de abogados particulares para funcionarios investigados.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Paredes señaló que su iniciativa busca que los funcionarios públicos sean representados únicamente por abogados de la Defensa Pública del Estado, evitando así el gasto innecesario en servicios legales privados. “El Estado no debería gastar millones en defensa legal privada, cuando hay tantas necesidades urgentes por atender”, afirmó la parlamentaria.
El proyecto de ley N.º 10634 plantea modificar la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, y la Ley N.º 29360, que regula el servicio de defensa pública. De acuerdo con la propuesta, los funcionarios públicos tendrán acceso al Servicio de Defensa Pública para su defensa y asesoría legal en investigaciones, procedimientos o procesos judiciales, incluso después de haber cesado en sus funciones. Asimismo, se prohíbe la contratación de abogados privados con fondos públicos para estos casos.
Según un informe periodístico, el gobierno de Dina Boluarte destinó en 2023 y 2024 aproximadamente S/1.4 millones para la defensa legal de exministros, miembros de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior. Además, entre 2021 y 2025, los ministerios habrían gastado más de S/6.8 millones en abogados particulares, según datos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Paredes también destacó que, durante la gestión del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, el gobierno pagó S/1.7 millones para la defensa de 34 policías vinculados al caso “Escuadrón de la Muerte”. La congresista subrayó que la implementación de esta ley garantizará un uso más eficiente de los recursos públicos y evitará privilegios innecesarios para los funcionarios investigados.
“Esta medida permitirá que el Estado deje de malgastar recursos en defensa privada y, en su lugar, fortalezca la Defensa Pública para garantizar un servicio equitativo y accesible para todos los ciudadanos”, concluyó Paredes.