La reciente propuesta del congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, para retirar la inimputabilidad a adolescentes desde los 16 años en casos de sicariato y participación en bandas criminales, ha generado un intenso debate sobre las políticas penales y la justicia juvenil en el país. Si bien la intención de Burgos es clara, combatir el creciente involucramiento de menores en actividades delictivas graves, esta medida plantea serias cuestiones éticas, sociales y prácticas que merecen una reflexión profunda.
En primer lugar, es fundamental considerar los principios básicos de la justicia juvenil. La inimputabilidad de los menores se basa en la comprensión de que los adolescentes no tienen la misma madurez emocional y cognitiva que los adultos, lo que afecta su capacidad para comprender plenamente las consecuencias de sus actos. La propuesta de tratar a estos jóvenes como adultos en el sistema penal podría pasar por alto este aspecto crucial del desarrollo humano. ¿Estamos dispuestos a sacrificar los avances en psicología y neurociencia que han informado nuestras leyes y políticas durante décadas?
Además, debemos evaluar las implicaciones sociales de esta propuesta. Los adolescentes involucrados en actividades delictivas a menudo provienen de entornos marcados por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. En lugar de abordar las raíces del problema, como la educación deficiente, la falta de empleos y el acceso limitado a servicios de salud mental, esta medida podría simplemente trasladar a estos jóvenes de un ciclo de exclusión y marginalización a otro. ¿Es la solución más efectiva encarcelar a estos jóvenes, o sería más beneficioso invertir en programas de rehabilitación y reintegración?
No se puede ignorar el impacto a largo plazo de una política así. Los adolescentes que son tratados como adultos en el sistema penal tienen mayores probabilidades de reincidir y enfrentan desafíos significativos para reintegrarse a la sociedad después de cumplir sus condenas. La estigmatización y el registro de antecedentes penales pueden cerrarles puertas a la educación y al empleo, perpetuando un ciclo de criminalidad y exclusión. ¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de una sociedad que, en lugar de rehabilitar, castiga sin ofrecer una segunda oportunidad?
Asimismo, es crucial recordar que la efectividad de cualquier política penal se mide no solo por su capacidad para castigar, sino también por su capacidad para prevenir futuros delitos. La disuasión puede ser una meta loable, pero sin un enfoque holístico que incluya la prevención y la rehabilitación, el sistema de justicia corre el riesgo de volverse punitivo en lugar de correctivo.
La propuesta del congresista Burgos merece ser debatida con seriedad, pero también con una perspectiva amplia y compasiva. Es esencial que las políticas penales no se diseñen en respuesta a miedos y presiones inmediatas, sino basándose en principios de justicia, rehabilitación y prevención a largo plazo. La sociedad peruana necesita soluciones que aborden tanto los síntomas como las causas subyacentes del crimen juvenil. En este sentido, la educación, la inclusión social y el apoyo comunitario deben ser pilares fundamentales de cualquier estrategia eficaz contra la delincuencia juvenil.