Luego de dos días de funeral, el exdictador Alberto Fujimori será sepultado hoy en acto público, según programó su familia, coincidentemente 24 años después de estallar el escándalo de los vladivideos, que determinó su caída del poder, tras una década de encabezar un régimen marcado por corrupción, violación de derechos humanos y quebrantamiento de la democracia.
Fujimori, que gobernó el Perú con mano dura del año 1990 al 2000, con golpe de Estado y concentración de poder, y fue condenado por homicidio y corrupción, será enterrado en el cementerio Campo Fe de Huachipa, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica, en una actividad abierta al público al empezar la tarde, según anunció el congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, partido político que tiene al fallecido exdictador como su líder histórico. Antes está programada una misa de cuerpo presente en el Museo de la Nación, en el distrito capitalino de San Borja, donde se realizan las exequias desde el jueves.
En el segundo día de funeral, el viernes 13, sus simpatizantes llegaron desde muy temprano a despedirlo en largas colas que los dirigían hasta la Sala Nazca del museo, donde se dispuso el féretro para la actividad, luego de que la familia del exmandatario optara por honras fúnebres de Estado para expresidentes, establecidas por ley, pese a la controversia en torno a Fujimori y sus condenas judiciales.
Cerca de las 10 de las mañana llegó su hija Keiko Fujimori, lidereza de Fuerza Popular, y hacia el mediodía su hijo Kenji.
También volvió a verse a Juana Fujimori, hermana del exdictador que estuvo prófuga de la justicia por el caso de la asociación Apenkai, que formó el entorno del entonces mandatario y desvió fondos captados como donaciones para peruanos afectados por el fujishock, política de choque económico ejecutada en agosto de 1990, pese a que la rechazó en la campaña electoral. El delito por el que se procesaba a Juana Fujimori prescribió el 2019.
Su hermano Santiago Fujimori, quien lo asesoró y que luego fue congresista, también reapareció en el funeral.
No llegó el abogado del exdictador Elio Riera. Se supo que la familia le había prohibido el acceso porque publicó el fallecimiento de Fujimori antes de que la misma familia lo hiciera.
Hacia el mediodía, un aniego de aguas servidas se extendió en la pista frente a la entrada al Museo de la Nación. La pestilencia y la inundación complicaron el camino hacia el velorio del exautócrata, una situación percibida como simbólica por la ciudadanía crítica al fujimorato.
Asimismo, en el mismo edificio del funeral, pisos arriba, hay una muestra museográfica que incluye los crímenes de Fujimori, Yuyanapaq, sobre la violencia política en el Perú de 1980 al 2000, en que se tiñó de sangre y terror en una guerra entre subversivos y agentes del Estado.
A las afueras del Museo de la Nación llegaron también algunos detractores de Fujimori. Los simpatizantes del exautócrata gritaban que se vayan del lugar.
En la plaza San Martín, en el centro de Lima, grupos de ciudadanos expresaban su rechazo al exdictador y a la permisividad actual, sobre todo del Gobierno y entidades del Estado victimadas en el fujimorato.
MEMORIA. Plaza San Martín volvió a ser lugar de rechazo a exdictador y recuerdo a víctimas.
Masacre de Pativilca
Más temprano, hacia las 8 de la mañana, en el Poder Judicial seguía el caso Pativilca, en que se atribuía a Fujimori autoría mediata del asesinato de un grupo de comuneros, ejecutado por el grupo Colina, destacamento de militares que realizaba matanzas en el gobierno de los noventa. El abogado Riera pidió la extinción de la acción penal contra Fujimori por su muerte. La defensa de los deudos y la Fiscalía estuvieron de acuerdo.
La Procuraduría solicitó seguir juicio contra el exdictador para buscar reparación civil. “No es una causal de la extinción de la acción civil”, dijo el procurador Luis Alberto Casaverde.
La jueza Miluska Cano quedó en resolver ese pedido en audiencia del próximo lunes 16. ❖
Pativilca, otros 6 casos y reparación
Con la muerte de Alberto Fujimori se cierran todas las investigaciones y procesos penales que tenía: un juicio oral (Pativilca) y seis casos por los que, en primera instancia, Chile autorizó ampliar su extradición a fin de juzgarlo en el Perú.
Además, el Estado pierde S/57 millones que debía Fujimori como reparación civil. La Procuraduría había pedido incautar la pensión que el Congreso empezó a pagarle en julio último.