En medio de la creciente crisis en el Ministerio Público de Perú, las recientes revelaciones de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, han desatado una nueva ola de tensiones. Villanueva, durante un interrogatorio, admitió haber coordinado con congresistas por instrucciones directas de Benavides, intensificando la presión sobre la ya cuestionada figura de la fiscal.
“Si, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp (…) con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal Patricia Benavides Vargas, para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, así como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Condor”, respondió Villanueva tras visualizar las imágenes de los chats.
Los detalles emergen en el contexto de la investigación en curso contra Villanueva y otros funcionarios de la Fiscalía de la Nación, así como un coordinador parlamentario, por presuntos delitos de organización criminal y contra la administración pública, centrados en el tráfico de influencias. La denominada ‘Operación Valkiria V’ sugiere que la “cúpula delictiva” del Ministerio Público buscaba archivar denuncias contra congresistas a cambio de favores políticos.
Las conversaciones capturadas en chats revelan coordinaciones entre Villanueva y un congresista, relacionadas con la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, la elección del defensor del Pueblo y la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia. Estos hallazgos generan una mayor incertidumbre sobre la gobernabilidad y la integridad de las instituciones judiciales en Perú.
La confesión de Villanueva añade una nueva dimensión a la crisis política y judicial que enfrenta el país, planteando interrogantes sobre la conducta ética en el Ministerio Público y sus conexiones con el poder legislativo. Las investigaciones en curso, ahora con un testimonio directo, podrían tener implicaciones significativas en el futuro del sistema judicial peruano.