A tan solo semanas de haber sido censurado por el Congreso, el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez ha sido reincorporado al entorno de confianza de la presidenta Dina Boluarte. Esta vez, como flamante jefe de la recientemente creada Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, con una remuneración mensual de S/17.568.
La designación fue oficializada mediante resolución publicada el jueves 17 de abril en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con documentación a la que accedió La República, esta nueva oficina, adscrita directamente a Palacio de Gobierno, contará con al menos seis funcionarios más, representando un costo anual al Estado que bordea los S/879.000.
Esta reaparición de Santiváñez en el Ejecutivo no sería un caso aislado. Se suma a una tendencia creciente durante la gestión Boluarte: el retorno de exministros cuestionados, algunos con investigaciones fiscales en curso, quienes son reubicados en cargos estratégicos, muchas veces lejos del escrutinio mediático y parlamentario.
Una oficina para monitorear la agenda presidencial
Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Despacho Presidencial, la oficina que liderará Santiváñez tiene como tarea principal la coordinación interinstitucional para recabar información sobre el estado de las políticas públicas. También deberá asesorar a otras unidades del Despacho y emitir informes técnicos sobre la agenda presidencial.
Entre sus funciones específicas destacan el monitoreo de la continuidad de información gubernamental, la elaboración de reportes de avance sectorial y la emisión de opiniones técnicas en el marco de sus competencias.
Designaciones bajo la lupa
Santiváñez no es el único exfuncionario reincorporado tras una salida polémica. Casos como el de Julio Demartini, investigado por presuntas irregularidades en el programa Qali Warma (hoy Wasi Mikuna), y actualmente asesor en el Mincetur con un sueldo de S/15.600, refuerzan la crítica hacia una práctica cada vez más frecuente.
Asimismo, la actual titular del Midis, Leslie Urteaga, retornó al gabinete en diciembre de 2024 pese a haber sido cuestionada por la crisis en Machu Picchu durante su paso por el Ministerio de Cultura. El Congreso ya anunció su próxima interpelación.
Para analistas políticos, estos movimientos representarían una estrategia del Ejecutivo para mantener vínculos laborales de exministros con el aparato estatal, lo cual, entre otros beneficios, podría ser utilizado como prueba de arraigo ante eventuales medidas judiciales como el impedimento de salida del país.