El Gobierno de Dina Boluarte ha oficializado la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993 mediante la promulgación de la Ley N.º 32265, publicada en el diario oficial El Peruano el pasado 22 de marzo. La norma, aprobada por el Congreso a inicios de marzo, revierte la decisión tomada en diciembre de 2001 tras la vacancia del exmandatario, cuando se ordenó la eliminación de su rúbrica de la Carta Magna como parte de un proceso de reforma constitucional.
La ley fue firmada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta, Patricia Juárez. Con esta disposición, el nombre de Fujimori vuelve a figurar en la Constitución que se promulgó durante su gobierno, pese a que desde su entrada en vigencia el 1 de enero de 1994, ha sufrido 32 reformas que han modificado el 57.65% de su contenido original.
La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi. En enero de 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Posteriormente, el 3 de marzo, el Pleno del Congreso ratificó el dictamen en segunda votación con 57 votos a favor, 25 en contra y 19 abstenciones. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Somos Perú respaldaron la medida.
El Ejecutivo, que tenía la posibilidad de observar la norma, optó por permitir su promulgación sin modificaciones. Según los promotores de la ley, la restitución de la firma busca “salvaguardar la memoria histórica del Perú”, aunque algunos especialistas consideran que se trata de un acto simbólico sin efecto jurídico directo.
La restitución de la firma de Fujimori ha generado reacciones divididas en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores consideran que es un acto de reconocimiento histórico, otros critican que se reivindique la figura de un exmandatario condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su régimen (1990-2000).