Una sentencia emitida a velocidad récord por un juez cuestionado, en beneficio de la esposa de un presunto traficante de tierras, ha puesto en grave riesgo no solo terrenos comunales de la Comunidad Campesina de Chilca, sino también la operación del único aeropuerto alternativo de Lima, ubicado frente al distrito de San Bartolo.
En el centro de este escándalo judicial está el juez Julio César Arbieto Huansi, del Primer Juzgado Civil de Lurín, quien el pasado 6 de marzo dictó la Resolución N° 82, fallando a favor de Lily Indacochea Nugent de Portocarrero en un proceso por mejor derecho de propiedad, sin considerar pruebas claves, omitiendo puntos controvertidos, excluyendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) del proceso y notificando solo a la parte demandante el mismo día de la sentencia.
Un juez con antecedentes oscuros
El magistrado Arbieto Huansi no es nuevo en la mira de la justicia. Según informes del Ministerio Público, ha sido investigado por su presunta participación en la red de corrupción judicial conocida como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, donde se manejaban fallos, ascensos y nombramientos a cambio de favores.
En enero de 2025, la Fiscalía solicitó su suspensión e impedimento de salida del país por estos hechos. Lo grave es que sigue actuando como juez provisional en un caso de altísimo impacto territorial y estratégico.
Portocarrero: una estrategia para tomar más tierras
Lily Indacochea Nugent no es solo litigante: es esposa de Manuel Portocarrero Giles, personaje ampliamente vinculado al tráfico informal de tierras en la zona sur de Lima, particularmente en San Bartolo, Chilca y Lurín.
Testimonios recogidos por este medio indican que Portocarrero estaría usando esta sentencia como punta de lanza para consolidar nuevos despojos de tierras a comuneros de la Comunidad Campesina de Chilca.
Pero no son solo versiones de expertos. En varias páginas de noticias locales en Facebook, chilcanos indignados han comenzado a denunciar públicamente este accionar. Un comentario viral resume la indignación popular:
“¡ES EL COLMO! No podemos permitir esto, amigos CHILCANOS. Así estos traficantes se adueñan de nuestras tierras. Ese tal Portocarrero, con documentos falsos, hizo asambleas truchas de la comunidad y ha inscrito terreno bamba. Según su topógrafo, que se puso a hablar borracho, Portocarrero le ha pagado a un juez de Lurín para que le declare mejor propietario. Ha iniciado juicio sabiendo que ese juez está a su favor. ¡NO MÁS CORRUPCIÓN, LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCA SE RESPETA!”
Este testimonio, aunque informal, refleja la percepción creciente de que se estarían utilizando los juzgados civiles como plataformas de blanqueo de propiedad territorial.
El aeródromo Lib Mandi: infraestructura estratégica en la cuerda floja
El terreno en disputa no es un predio cualquiera. Allí opera el Aeródromo Lib Mandi, construido legalmente por la empresa Don Pancho Real Estate S.A.C. luego de adquirir terrenos de la Comunidad Campesina de Chilca.
Este aeródromo, ubicado frente a San Bartolo, es el único aeropuerto alternativo de Lima, habilitado para aviación general, vuelos privados, sanitarios, de evacuación y operaciones de emergencia en caso de desastre.
Si el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedara inhabilitado por un sismo u otra emergencia, el Lib Mandi sería la única infraestructura aérea funcional para Lima Metropolitana.
Hoy, esta infraestructura crítica está en riesgo, no por una guerra o desastre natural, sino por una sentencia judicial de dudosa legalidad.
¿Cómo es posible que un juez provisional, investigado por vínculos con redes de corrupción, siga resolviendo procesos que involucran tierras comunales, inversión extranjera e infraestructura estratégica?
Se requiere una revisión urgente del rol del juez Arbieto y del modo en que se están llevando procesos de alta sensibilidad en Lurín.
CONCLUSIÓN: NO SOLO ESTÁ EN RIESGO UN TERRENO, ESTÁ EN RIESGO EL PAÍS
Este caso no solo afecta a una comunidad, a un empresario extranjero o a una empresa. Afecta la confianza en la justicia, la inversión privada y la seguridad nacional.
La ciudadanía ya comenzó a alzar la voz. Ahora le toca al sistema responder.
Fuente:
“La sentencia exprés que huele a pacto: ¿justicia o tráfico de tierras en Lurín?”