Nuestro país enfrenta una profunda crisis política e inestabilidad que se agravó en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, en un fallido golpe de Estado. Su destitución y la asunción de Dina Boluarte como presidenta desataron una ola de protestas en todo el país, donde miles de manifestantes exigieron elecciones anticipadas. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue brutal, dejando 50 muertos y más de 1,300 heridos en los primeros tres meses.
Human Rights Watch denunció graves deficiencias en las investigaciones penales y la falta de reformas en las fuerzas de seguridad por parte del gobierno de Boluarte. Mientras tanto, el Congreso ha tomado medidas que socavan las instituciones democráticas, inhabilitando arbitrariamente a autoridades y nombrando a funcionarios sin experiencia en derechos humanos, debilitando así la independencia de organismos clave como el Jurado Nacional de Elecciones.
La corrupción y la violencia en el país también han contribuido al deterioro institucional y al sufrimiento de la población. Con un 27% de la población viviendo en pobreza, la crisis afecta gravemente a los sectores más vulnerables, mientras que la destrucción de la Amazonía por actividades ilegales continúa sin control.
El panorama actual presenta un Perú dividido y en tensión, con sus instituciones debilitadas y su futuro político incierto.