El gobierno de Estados Unidos, liderado nuevamente por Donald Trump, ha reactivado su plan de deportaciones masivas y busca acuerdos bilaterales con diversos países, incluido el Perú, para que reciban migrantes expulsados, incluso aquellos con antecedentes penales o implicados en violaciones a los derechos humanos. Así lo informó el diario The New York Times, detallando que el Departamento de Estado ya ha contactado a más de 50 países, entre ellos Mongolia, Ucrania y naciones africanas.
Aunque la administración estadounidense ha insistido en concretar un convenio con el Perú, hasta el momento las autoridades nacionales no han firmado ningún acuerdo. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, aclaró que no se ha tomado una decisión definitiva y que la prioridad es mejorar la situación de los penales del país. “Por el momento, no hay ningún tema decidido sobre la recepción de delincuentes en nuestras cárceles”, declaró.
El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, no descartó completamente la posibilidad, argumentando que el Perú está obligado a cumplir ciertos tratados internacionales que contemplan el retorno de ciudadanos a sus países de origen. Sin embargo, el contexto actual complica cualquier convenio de este tipo.
Según el Tribunal Constitucional, el Perú tiene plazo hasta el 2030 para reducir el grave problema del hacinamiento penitenciario. La sobrepoblación carcelaria, la precariedad de infraestructura y los continuos retrasos en las reformas del sistema penitenciario hacen inviable, por ahora, recibir internos deportados desde otras naciones.
Mientras tanto, Estados Unidos ha ofrecido compensaciones económicas a países que acepten estos convenios. En el caso de El Salvador, por ejemplo, se entregaron 5 millones de dólares a cambio de recluir migrantes en cárceles de máxima seguridad. De concretarse este tipo de acuerdos, se encenderían nuevamente las alarmas por el impacto humanitario y político que tendrían en países receptores como el Perú.
La situación se mantiene en evaluación, mientras expertos y organizaciones de derechos humanos advierten sobre las implicancias éticas y legales de aceptar este tipo de traslados, en un país que aún lucha por garantizar condiciones mínimas de dignidad en sus centros penitenciarios.