CUERPOS CONVERTIDOS EN NEGOCIO
“Los llamados clientes, las estructuras de poder y la explotación”
Albita Neira
Activista social
CEO Fundación Mujer Mariposa
Dirección Equidad de Género ODM
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Desde tiempos ancestrales el cuerpo de la mujer ha sido objeto de control, poder y explotación. La prostitución ha azotado al mundo durante décadas como una de las formas más crueles y degradantes de violencia contra la mujer. Detrás de esta realidad no existe glamur ni libertad absoluta, sino historias marcadas por la pobreza, la desigualdad, la trata de personas, el abuso, la coerción y la vulneración permanente de los derechos humanos. Reducir el cuerpo de una mujer a mercancía no puede entenderse como un trabajo ordinario, porque implica normalizar una estructura de explotación que deshumaniza, somete y perpetúa la violencia de género.
La prostitución existe porque el mundo aún arrastra profundas estructuras de desigualdad económica, social y cultural que colocan a millones de mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad extrema. No surge únicamente de una “elección individual”, sino de contextos marcados por la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia intrafamiliar, los conflictos armados, la migración forzada, la exclusión educativa y la ausencia de protección estatal.
A esto se suma una cultura históricamente patriarcal que ha normalizado la cosificación del cuerpo femenino y ha permitido que el deseo, el poder y el dinero de unos se impongan sobre la dignidad de otras. La prostitución no puede analizarse separada de las redes de trata, de explotación sexual y de las mafias que lucran con la necesidad humana. Mientras existan sociedades que toleren la desigualdad y conviertan el cuerpo de la mujer en un objeto de consumo, la prostitución seguirá siendo el reflejo más duro de una deuda social y ética que el mundo todavía no ha logrado resolver.
En pleno siglo XXI, la humanidad no puede seguir indiferente frente a una práctica que convierte el dolor y la necesidad de miles de mujeres y niñas en un negocio sostenido por la desigualdad y la indiferencia social. Entonces, ¿qué podemos decir frente a esta pregunta?: ¿puede la prostitución ser considerada jurídicamente un trabajo?
La reciente Sentencia SP287 del 6 de mayo de 2026 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia marca un hito al reafirmar que la prostitución de mujeres, niñas y adolescentes no puede ser equiparada a un trabajo.
Dicha sentencia confirmó una condena por demanda de explotación sexual comercial agravada y actos sexuales con menores de catorce años, en un caso relacionado con tres niñas y un niño entre los 11 y 13 años. La Corte sostuvo que toda persona menor de dieciocho años utilizada sexualmente por un adulto, mediando dinero, bienes o cualquier beneficio, debe ser considerada víctima de explotación sexual. También precisó que quienes pagan por acceder sexualmente a menores no deben ser nombrados como “clientes” o “usuarios”, sino como explotadores sexuales directos, prostituyentes o demandantes.
La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más atroces a los derechos humanos y, en Colombia, al igual que en muchos países del mundo, se ha convertido en un flagelo silencioso que corrompe la infancia. En este contexto, la SP287-2026 ofrece un punto que no admite discusión: cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, no se puede hablar de consentimiento válido frente a actos de explotación sexual. En esos casos, el derecho no está ante una actividad económica ni ante una relación de intercambio, sino ante una grave vulneración de derechos fundamentales. La explotación sexual comercial de menores no puede ser traducida al lenguaje del contrato, porque no existe libertad jurídicamente relevante ni capacidad para disponer de aquello que el ordenamiento protege de manera reforzada.
Las dinámicas de economía ilegal, la pobreza, la falta de acceso a la educación y la impunidad alimentan esta tragedia. Las niñas y adolescentes, en su vulnerabilidad, son captadas y comercializadas en redes que atraviesan fronteras, dejando marcas irreparables. Enfrentar esta realidad requiere no solo de políticas públicas efectivas, sino de un compromiso colectivo por parte de la sociedad para proteger a las infancias y romper los ciclos de explotación.
Explicar las causas de la prostitución no significa justificarla ni responsabilizar a la mujer o aprovechar la vulnerabilidad de menores. Precisamente, un enfoque crítico y de derechos humanos busca comprender que muchas mujeres llegan a contextos de prostitución atravesadas por desigualdades, violencia, pobreza, exclusión, abuso o falta de oportunidades. La responsabilidad principal recae en las estructuras sociales, económicas y culturales que permiten y sostienen la explotación, así como en quienes se benefician de ella: redes de trata, explotadores y una sociedad que históricamente ha normalizado la mercantilización del cuerpo femenino.
También es importante reconocer que cada mujer tiene una historia distinta y que este tema debe abordarse con humanidad y sin estigmatización. Defender la dignidad de las mujeres implica cuestionar las condiciones que las empujan a escenarios de vulnerabilidad, no culpabilizarlas por sobrevivir dentro de ellos.
Desde una mirada crítica y de derechos humanos, el problema no es la mujer, sino una cultura que muchas veces ha tolerado que el poder económico y el deseo masculino tengan más peso que la dignidad y las condiciones reales de vulnerabilidad de miles de mujeres y niñas. Por eso, el debate sobre prostitución no solo habla de sexualidad, sino también de desigualdad, poder, pobreza, violencia y derechos humanos.
El papel de los hombres frente a la prostitución y la explotación sexual es fundamental, porque este fenómeno no puede analizarse únicamente desde las mujeres que lo padecen, sino también desde la demanda masculina y las estructuras de poder que históricamente la han sostenido. Durante décadas, muchas sociedades normalizaron la idea de que el cuerpo femenino podía ser consumido, comprado o utilizado para satisfacer deseos masculinos, sin cuestionar las consecuencias humanas, emocionales y sociales que existen detrás de esa realidad.
Por eso, los hombres tienen la responsabilidad ética y social de dejar de ser espectadores silenciosos frente a la explotación sexual, cuestionar las culturas machistas que cosifican a la mujer y rechazar cualquier forma de violencia o dominación disfrazada de “normalidad”. Su papel no debe limitarse a condenar la trata o la prostitución infantil, sino también a reflexionar sobre cómo el consumo sexual sostenido por dinero perpetúa redes de desigualdad, vulnerabilidad y explotación.
Asimismo, los hombres pueden convertirse en aliados reales en la transformación social: educando desde el respeto, promoviendo relaciones basadas en la dignidad y la igualdad, apoyando políticas de protección a mujeres y niñas, y rompiendo con modelos culturales que asocian masculinidad con poder sobre el cuerpo femenino.
Hablar de prostitución también implica hablar de responsabilidad colectiva y del tipo de sociedad que hombres y mujeres están construyendo juntos.