El congresista fujimorista Fernando Rospigliosi presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunto desacato a la Ley 32130. La denuncia fue respaldada por los legisladores José Cueto, de Honor y Democracia, y Alfredo Azurín, de Somos Perú. Según Rospigliosi, Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos habrían incumplido con la norma que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de dirigir la investigación preliminar de los delitos.
Rospigliosi señaló que la fiscal no solo se opuso a la ley, sino que además, junto con la Junta de Fiscales Supremos, habría emitido un reglamento que contradice lo establecido por el Congreso. “Hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la Nación y toda la Junta de Fiscales Supremos”, declaró el congresista. Asimismo, advirtió que una de las sanciones posibles para Espinoza sería la inhabilitación.
Renovación Popular presenta otra denuncia constitucional
Por su parte, la bancada de Renovación Popular presentó una segunda denuncia constitucional contra Delia Espinoza por presunta infracción a la Constitución y los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal. Los congresistas acusan a Espinoza de haber archivado de manera irregular una investigación contra el exfiscal Pablo Sánchez Velarde, presuntamente a cambio de su voto para su elección como fiscal de la Nación. La denuncia solicita la inhabilitación de Espinoza por 10 años y será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Congresistas denunciados responden
Uno de los congresistas denunciados constitucionalmente por la fiscal fue Jorge Montoya, de Honor y Democracia, quien cuestionó el accionar de Espinoza tras el archivo de la denuncia en su contra y otros 10 legisladores en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Montoya calificó a la fiscal como una “persona descalificada moralmente para el puesto” y sugirió que debería dejar el cargo.
El congresista José Cueto, también de Honor y Democracia, defendió la postura del Congreso respecto al archivamiento de la denuncia. Según Cueto, la SAC actuó conforme al artículo 93 de la Constitución, el cual señala que los congresistas no pueden ser procesados por sus opiniones y votos.
Por otro lado, el congresista Roberto Chiabra (APP) rechazó que la denuncia constitucional contra Espinoza sea una “venganza” del Congreso contra la Fiscalía y señaló que la ley en cuestión no beneficiaba solo a cinco congresistas, sino a todos los oficiales en retiro.
Contexto del caso
El pasado 7 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente la denuncia presentada por Delia Espinoza contra 11 congresistas por presunto delito de negociación incompatible. Según la Fiscalía, los legisladores habrían influido indebidamente en la aprobación de la Ley 319-2021, lo que les permitió recibir simultáneamente sueldo y pensión del Estado.
Sin embargo, la SAC concluyó que “no se puede penalizar el ejercicio de la función legislativa cuando está acorde con la Constitución”, archivando así la denuncia y cerrando la posibilidad de una investigación contra los congresistas implicados.