El presidente de Perú Acción y presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco, analiza las recientes medidas planteadas por el Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana y advierte que cualquier estrategia contra el crimen organizado será insuficiente si no se combate, de manera paralela, la corrupción enquistada en instituciones del Estado.

Y la corrupción

Francisco Diez Canseco T.
Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz

El Gobierno ha solicitado facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana y ha presentado siete propuestas centrales: declarar terroristas a determinadas organizaciones criminales; autorizar la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior de los penales; permitir el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional; establecer vigilancia pospenitenciaria para delincuentes de alta peligrosidad; acelerar el rastreo, geolocalización y bloqueo de celulares empleados para delinquir; impedir las comunicaciones ilícitas desde cárceles y centros juveniles; y sancionar con mayor severidad a las empresas operadoras que no las bloqueen.

Son iniciativas importantes, algunas discutibles y todas necesitadas de una regulación precisa. Sin embargo, el paquete omite el problema que puede convertirlas en letra muerta: la corrupción enquistada en sectores de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

¿De qué sirve rastrear el teléfono de un extorsionador si algún policía le advierte que está siendo investigado? ¿Qué eficacia tendrá capturar a los integrantes de una banda si un fiscal corrupto debilita deliberadamente la acusación? ¿Cómo se derrotará al crimen organizado cuando un juez venal libera al cabecilla, anula las pruebas o convierte una medida cautelar en instrumento de impunidad?

La delincuencia no ha crecido solamente por falta de leyes. Ha prosperado porque compra información, protección y decisiones. Las organizaciones criminales infiltran comisarías, fiscalías, juzgados, municipios y cárceles. Con el dinero obtenido mediante extorsiones, minería ilegal, narcotráfico y trata de personas pueden corromper precisamente a quienes tienen la obligación de perseguirlas.

Frente a esta realidad, propuse crear el Consejo Nacional de Moral Pública, organismo autónomo y ejecutivo, cuyos directivos sean elegidos por el voto ciudadano. Su primera misión debe ser depurar la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, identificando y separando —con debido proceso— a quienes protegen o colaboran con el crimen.

Mi propuesta de Mano de Hierro no significa arbitrariedad ni abuso. Significa aplicar la ley con decisión y firmeza; establecer controles patrimoniales permanentes, pruebas de integridad, protección efectiva a los denunciantes e investigaciones rigurosas sobre el enriquecimiento injustificado.

Sin policías honestos, fiscales firmes y jueces incorruptibles, las facultades solo producirán más normas. El Gobierno debe incorporar frontalmente la lucha contra la corrupción. De lo contrario, intentará combatir a la delincuencia mientras mantiene intacta su principal protección dentro del Estado. Ha llegado el momento de actuar con Mano de Hierro.