Lucio Alejandro Deza Monroy, un ciudadano peruano comprometido con la seguridad pública, ha presentado un innovador proyecto de ley a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como una iniciativa ciudadana. Con la Resolución Sugerencial 000009-2023-SGACTD-SG/ONPE, este proyecto será presentado próximamente al Congreso de la República. El objetivo del proyecto es regular el uso de la tecnología de reconocimiento facial para identificar y capturar criminales, fortaleciendo así la seguridad en el país.
Bajo el título “Ley que regula el uso del algoritmo y técnicas de inteligencia artificial para el reconocimiento facial de personas que cuenten con sentencia condenatoria por la comisión de delitos que afecten la seguridad ciudadana de ciudadanos nacionales y extranjeros”, el proyecto propone medidas concretas para mejorar la seguridad pública y combatir la delincuencia en el Perú.
En los últimos años, la implementación de cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial ha aumentado notablemente. Un ejemplo reciente es la municipalidad de El Agustino, que hace tres semanas anunció la adquisición de un conjunto de cámaras y una base de datos respaldada por la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre aspectos cruciales como la privacidad, la ciberseguridad y el manejo adecuado de los datos recolectados.
Es sorprendente que algunos municipios hayan comenzado a utilizar esta tecnología sin consultar a la población ni proporcionar información detallada al respecto. Esto plantea diversas interrogantes: ¿Quién está proporcionando los datos de los ciudadanos? ¿Quién es la autoridad competente que fiscaliza el tratamiento adecuado de estos datos? Recordemos que la municipalidad de La Victoria ya había implementado una técnica similar, pero fue sancionada por la Dirección de Fiscalización e Investigación (DFI) en 2022 por no cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales.
El proyecto de ley también destaca la significativa diferencia de costos entre una cámara con sistema de reconocimiento facial, que cuesta aproximadamente 4 mil soles, y una cámara análoga, cuyo costo ronda los 580 soles. Esto plantea la pregunta: ¿Están los municipios haciendo un uso adecuado de esta tecnología? La relevancia de esta cuestión es evidente debido a la fuerte inversión que implica. Si los municipios no están utilizando este sistema, ¿cuál sería entonces el motivo de adquisición? Se entiende que la municipalidad paga precisamente por una cámara con reconocimiento facial para utilizar dicho sistema, más que por una análoga.
Entre las principales medidas propuestas en el proyecto se encuentran:
- El establecimiento de una base de datos de reconocimiento facial centralizado y supervisada por entidades como la PNP y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).
- La implementación de tecnología de reconocimiento facial en lugares estratégicos como aeropuertos, puertos, terminales de autobuses, cruces fronterizos y otras zonas convenientes.
- El uso de esta tecnología para identificar y capturar criminales con sentencias condenatorias o sospechosos buscados involucrados recurrentemente en actividades criminales.
Este proyecto de ley busca establecer un marco legal sólido para el uso de la tecnología de reconocimiento facial, asegurando que su implementación se realice de manera responsable y respetando los derechos de los ciudadanos. La iniciativa de Lucio Alejandro Deza Monroy representa un paso importante hacia la modernización de la seguridad pública en el Perú.
