Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, cumplió un mes como prófugo de la justicia tras ser acusado de liderar la presunta organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, señalando su participación en la designación irregular de prefectos y subprefectos con el objetivo de inscribir el partido político Ciudadanos por el Cambio (CPP).
El abogado del acusado, Luis Vivanco, informó que no ha tenido contacto con Boluarte desde su última audiencia y aseguró que este deberá entregarse a la justicia en caso de que se confirme la medida restrictiva tras la apelación presentada. Vivanco negó haber aconsejado a su cliente pasar a la clandestinidad, argumentando que esta decisión fue personal.
La apelación admitida por el Poder Judicial busca revertir la prisión preventiva impuesta a Nicanor Boluarte. Sin embargo, hasta el momento, permanece no habido desde el 17 de noviembre, al igual que otro de los implicados, Noriel Chingay Salazar. Mientras tanto, otros integrantes de la red criminal, como Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, ya cumplen prisión preventiva.
Este caso genera repercusiones tanto en el ámbito político como judicial, poniendo en el centro del debate la transparencia y el cumplimiento de la justicia en el Perú.