El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue citado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el parlamentario Juan Burgos, para responder por varios temas relacionados con la creciente inseguridad en el país. El titular del sector debía presentar un informe detallado sobre los Estados de Emergencia implementados, el presupuesto ejecutado por su gestión, el número de homicidios ocurridos en los primeros días de enero de 2025 y los recientes atentados explosivos en Trujillo.
Sin embargo, Santiváñez solicitó que el general de la Policía Nacional del Perú, Víctor José Zanabria, lo represente en su lugar. Esta decisión fue duramente criticada por los miembros de la Comisión, quienes consideran que el país atraviesa una grave crisis de seguridad y que el ministro debía haber sido quien respondiera directamente a estas inquietudes.
Horas antes de la sesión, el ministro Santiváñez había participado en una conferencia del Consejo de Ministros, donde descartó su renuncia, a pesar de reconocer la creciente ola de criminalidad organizada en el país. “Nuestro cargo está siempre a disposición de la señora presidenta y el primer ministro”, declaró Santiváñez, defendiendo el trabajo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, indicó que no se descarta presentar nuevamente una moción de censura contra el ministro debido a la inseguridad creciente. Además, criticó la gestión de la presidenta Dina Boluarte en el Foro Económico Mundial, argumentando que la delincuencia está desbordada y que se debe replantear la política de seguridad.
En las últimas horas, la situación de inseguridad se agravó aún más con tres nuevos ataques explosivos en las provincias de Trujillo y Ascope, en menos de 24 horas. Estos atentados, que incluyen daños materiales, subrayan la urgencia de una respuesta más efectiva ante la violencia que sacude al país.
La falta de respuesta directa del ministro ante la Comisión de Fiscalización deja una sensación de incertidumbre sobre el futuro de la seguridad en el Perú.