Martín Vizcarra no se retira de la escena política. Pese a haber sido inhabilitado tres veces por el Congreso de la República, el expresidente peruano continúa su campaña con la mirada puesta en las elecciones generales de 2026. Su nueva estrategia legal ha cruzado las fronteras del país: ha solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la esperanza de revertir las decisiones que lo mantienen fuera de carrera. Según Vizcarra, la vía internacional representa “la única salida” tras haber agotado todas las instancias judiciales dentro del Perú.
En declaraciones a la prensa, el líder de Perú Primero se mostró optimista. “Veo muy difícil que la CIDH no corrija este atropello. Sigo totalmente en campaña”, afirmó con firmeza, incluso portando el polo con el símbolo de su partido. Vizcarra ya se proyecta enfrentando a figuras como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Guillermo Bermejo y otros potenciales candidatos presidenciales. Su fe está puesta en un proceso internacional que, aunque complejo y lento, podría brindarle un nuevo oxígeno político.
El camino no ha sido sencillo para el exmandatario. En abril de 2021 fue inhabilitado por el escándalo del ‘Vacunagate’, tras revelarse que se vacunó de manera irregular durante los ensayos clínicos de Sinopharm, lo que le valió una sanción de 10 años sin ejercer cargos públicos. Un año después, en 2022, recibió otra inhabilitación por cinco años, acusado de haber contratado con empresas privadas mientras se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones. Y en junio de 2025, el Congreso le impuso una tercera sanción por haber disuelto el Parlamento en 2019, acción que fue considerada una infracción a la Constitución.
A pesar de haber sido elegido congresista en 2021, Vizcarra no pudo asumir el cargo debido a la primera inhabilitación. Desde entonces ha interpuesto diversos recursos judiciales para anular las sanciones, pero sin éxito. En septiembre de 2024, la Corte Suprema ratificó los 10 años de inhabilitación por el caso ‘Vacunagate’, y en abril de 2025, el Tribunal Constitucional rechazó su pedido para anular la inhabilitación de cinco años. Con todas las puertas cerradas a nivel nacional, decidió acudir a instancias internacionales.
La estrategia actual de Vizcarra se basa en solicitar una medida cautelar ante la CIDH, recurso excepcional que busca evitar un daño irreparable mientras se analiza el fondo del caso. Según su abogado, Alejandro Salas, esta solicitud se sustenta en la urgencia del asunto y el perjuicio que implicaría no permitirle participar en los próximos comicios. “Estamos impulsando esta medida con la finalidad de obtener resultados en septiembre”, señaló el defensor legal, confiando en que la CIDH actúe con prontitud.
Uno de los principales argumentos que sustentan la defensa de Vizcarra se encuentra en el antecedente del caso Petro Urrego vs. Colombia. En 2013, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado por 15 años tras ser acusado de supuestas irregularidades en la gestión de residuos sólidos. Al considerar que fue víctima de persecución política, Petro llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2020 falló a su favor y ordenó al Estado colombiano restituir sus derechos políticos. Vizcarra sostiene que su caso es similar y, por tanto, la CIDH debería actuar de la misma forma.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que la vía internacional no garantiza resultados rápidos ni favorables. El abogado constitucionalista Reynaldo López Viera, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, recordó que el proceso ante la CIDH puede tomar varios años. “No es que automáticamente se obtenga una decisión favorable. Primero se debe admitir la petición, luego analizar si hubo vulneración de derechos y, si corresponde, se presenta una demanda ante la Corte IDH. Todo esto puede demorar más de un año”, explicó el especialista.
Para López Viera, la insistencia de Vizcarra en mostrarse como candidato viable responde más a una estrategia política que a una probabilidad jurídica real. “Este triunfalismo puede ser un incentivo para mantener el respaldo popular. Estamos en campaña y todo es válido, incluso presionar a organismos internacionales. Pero por el tiempo que toma el procedimiento, veo difícil que logre revertir las inhabilitaciones antes de las elecciones de 2026”, advirtió.
La jugada de Vizcarra genera opiniones divididas. Por un lado, están quienes consideran que se trata de un intento legítimo de buscar justicia internacional ante lo que consideran una persecución política por parte del Congreso. Por otro lado, hay quienes ven en esta estrategia un acto desesperado para mantenerse vigente políticamente, incluso cuando las vías legales parecen agotadas.
Lo cierto es que Vizcarra no da señales de retroceder. Su partido, Perú Primero, se encuentra en pleno proceso de reactivación y preparación electoral. Mientras tanto, el exmandatario se esfuerza por posicionarse en el debate público, apelando a la memoria de sus años de gobierno y al discurso de “víctima del sistema político”. Si la CIDH acepta su medida cautelar, Vizcarra podría ser autorizado temporalmente para participar en el proceso electoral. Pero si la respuesta se retrasa o es negativa, el exjefe de Estado podría quedar definitivamente fuera de la contienda de 2026.
El escenario está abierto, y Vizcarra juega su última carta. La comunidad jurídica y política estará atenta al desenlace de este caso, que podría marcar un precedente sobre los límites del poder del Congreso y los alcances del sistema interamericano de derechos humanos en la política nacional.