Como parte de las acciones del Gobierno para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado, se presentaron los primeros resultados del Comando Unificado en La Libertad, una estrategia que articula las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para intensificar las operaciones, recuperar el control territorial y reforzar la seguridad ciudadana.
Durante la jornada en Trujillo, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, acompañada por el ministro del Interior, César Astudillo, destacó la importancia del trabajo conjunto de las fuerzas del orden para enfrentar a las organizaciones criminales y fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la delincuencia.
“Han llegado fuerzas de élite, que se están desplazando en las zonas más peligrosas de nuestro país. Y agradezco el respaldo de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, que han entendido que hoy, para enfrentar a la delincuencia, que está quitándole la vida a tantos ciudadanos peruanos, tenemos que hacerlo de manera conjunta”, expresó la mandataria.
En ese marco, el sector Interior fortalece la articulación operativa de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas y el despliegue de unidades especializadas para enfrentar a las organizaciones criminales en la región.
Como parte de las acciones de control y fiscalización del armamento, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad adscrita al Ministerio del Interior, presentó 210 armas de fuego incautadas y decomisadas que se encuentran bajo control del Estado. De este total, 90 quedaron habilitadas para su destrucción mediante fundición, conforme a la normativa vigente.
Las armas presentadas forman parte de las acciones destinadas a fortalecer el control estatal sobre el armamento e impedir que llegue a manos de organizaciones criminales o vuelva a circular ilegalmente. De las 210 armas, 120 provienen de incautaciones realizadas en Pataz, intervenciones conjuntas con la PNP y entregas voluntarias efectuadas en el marco de la amnistía vigente. Las 90 restantes, previamente decomisadas, quedaron habilitadas para su destrucción.
Al respecto, el superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Manay Guerrero, destacó la importancia de fortalecer la fiscalización y el trabajo articulado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar el control del armamento.
