Una nueva ofensiva institucional se cierne sobre el fiscal José Domingo Pérez. Esta vez, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, encabezada por Juan Fernández Jerí, le ha iniciado una investigación disciplinaria por brindar declaraciones públicas relacionadas con la reciente muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y colaborador eficaz en el caso Lava Jato.
La resolución de apertura indica que Pérez habría incurrido en presunta “inconducta funcional” al declarar en medios como Canal N y RPP sobre aspectos vinculados a una investigación en curso, sin contar —según el documento— con autorización expresa de la Vocería Institucional del Ministerio Público. En particular, la ANC cuestiona que el fiscal haya comentado que Castro “no había señalado ninguna situación anómala” durante su última visita a la Fiscalía y que se estaría evaluando adelantar el juicio contra la exalcaldesa de Lima.
Estas afirmaciones —sostiene la entidad de control— vulnerarían los principios de reserva y prudencia que rigen para los miembros del Ministerio Público. La medida ha sido considerada por diversos analistas como una forma encubierta de censura a uno de los magistrados que más ha incomodado al poder político en los últimos años.
Una ofensiva que no es nueva
La situación no es aislada. El propio Fernández Jerí fue responsable, en noviembre de 2023, de una suspensión por más de ocho meses contra el fiscal Rafael Vela, también integrante del equipo Lava Jato, por comentarios críticos hacia decisiones judiciales. En abril de 2025, José Domingo Pérez fue suspendido por seis meses por supuestas faltas administrativas.
Estas acciones motivaron que el propio Pérez denunciara a Fernández Jerí por presunto delito de cohecho pasivo, luego de que se filtrara un audio que evidenciaría una supuesta coordinación entre el jefe de la ANC y el abogado Christian Salas Beteta —vinculado a Fuerza Popular— para gestionar su destitución.
¿Censura o disciplina?
La controversia ha reavivado el debate sobre la autonomía del Ministerio Público y la posibilidad de que se esté instrumentalizando la ANC para hostigar a fiscales incómodos para el poder. Organismos de la sociedad civil y sectores de la opinión pública ya han manifestado su preocupación frente a lo que califican como “un patrón de represalias” contra fiscales que investigan casos emblemáticos de corrupción.