El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse presuntas irregularidades en contrataciones dentro de su cartera. Una investigación del medio digital Lima Gris expuso que Shirley Hopkins Cerna, trabajadora del ministerio, habría recibido órdenes de servicio por un monto total de S/127.500, pese a no contar con título universitario registrado en la SUNEDU, requisito indispensable para asumir funciones técnicas en el Estado.
Las contrataciones se realizaron entre diciembre de 2023 y abril de 2024, todas bajo la gestión de Valencia, quien asumió el cargo el 3 de septiembre del año pasado. En ese lapso, Hopkins fue beneficiada con cinco órdenes de servicio con montos que van desde los S/22.500 hasta los S/30.000 por supuestas asistencias técnicas en la Dirección General de Industrias Culturales y Artes.
Pero el aspecto económico no sería el único componente controvertido del caso. Testigos dentro del ministerio aseguran que el ministro habría utilizado vehículos oficiales para encuentros personales con Hopkins, lo que podría configurar el delito de peculado de uso, según la normativa vigente. “En varias actividades oficiales, el ministro no acudía solo. La presencia de Shirley era frecuente, incluso en camionetas del ministerio”, aseguró una fuente bajo reserva.
Además, trabajadores del sector mencionan que el vínculo entre el ministro y la joven trabajadora iría más allá de lo profesional. “Lo que sorprende no es solo la rapidez con la que fue contratada, sino la cercanía evidente entre ambos. Muchos aquí dudan que todo se limite a una relación laboral”, declaró otro funcionario.
Las similitudes con el caso ‘Richard Swing’, ocurrido durante el gobierno de Martín Vizcarra, han sido inevitables, dado el cruce entre decisiones públicas y posibles vínculos personales. Hasta el momento, ni el Ministerio de Cultura ni el propio ministro han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia.
Antecedentes preocupantes
La falta de transparencia en contrataciones y el uso de recursos del Estado para fines ajenos a lo institucional siguen siendo una constante en varias entidades del Ejecutivo. Organizaciones como Proética y la Contraloría General de la República han exigido, en múltiples oportunidades, mayor fiscalización y sanción a los casos de favoritismo y mal uso del dinero público.
Mientras tanto, la ciudadanía y diversos sectores políticos exigen una pronta explicación del titular de Cultura y una posible intervención del Congreso o la Fiscalía de la Nación para investigar el caso.