Un juez federal de Estados Unidos declaró en rebeldía procesal al Estado peruano por incumplir el pago de los US$91 millones derivados del arbitraje internacional que perdió frente a la empresa Kuntur Wasi, concesionaria del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco. La decisión judicial ratifica la validez del laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y señala que Perú no presentó contestación alguna durante el proceso, lo que habilita a la compañía a iniciar acciones de embargo sobre activos estatales en territorio estadounidense.
El conflicto se originó en 2017, cuando el Gobierno peruano resolvió de manera unilateral el contrato de concesión para la construcción y operación del aeropuerto, alegando discrepancias en el modelo financiero y cuestionamientos políticos. Ante ello, Kuntur Wasi acudió al CIADI, organismo del Banco Mundial especializado en controversias entre inversionistas y Estados, obteniendo un fallo favorable que obliga a Perú a pagar una indemnización millonaria.
Este incumplimiento no solo implica un riesgo financiero significativo para las arcas públicas, sino que también afecta la reputación internacional del país, proyectando una imagen de inseguridad jurídica frente a potenciales inversionistas. Además, se suma a otros arbitrajes internacionales en los que el Estado peruano ha sido condenado a pagar cuantiosas compensaciones, lo que podría incrementar la percepción de riesgo y encarecer futuros proyectos de infraestructura bajo esquemas de asociación público-privada.
La situación plantea interrogantes sobre la estrategia del Gobierno para gestionar litigios internacionales y preservar la confianza de los mercados, en un contexto donde la estabilidad y predictibilidad son factores clave para atraer inversión extranjera.