El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, expresó duras críticas hacia el sistema judicial peruano por el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva, que en muchos casos llega hasta los 36 meses sin que los procesos judiciales avancen.
Durante la presentación de proyectos en obras por impuestos, Arana señaló que la prisión preventiva, que debería ser una medida provisional, se ha convertido en una condena anticipada para miles de personas. “Tenemos un sistema tan engorroso, tan complicado, con fiscales y jueces que no cumplen adecuadamente su labor. Lo que ocurre es que se dicta una orden de captura o prisión preventiva contra cualquier persona, y se le impone un plazo de hasta 36 meses”, afirmó.
El premier enfatizó que en muchos casos el fiscal demora más de dos años en realizar diligencias como allanamientos o interrogatorios, manteniendo a los investigados privados de libertad sin sentencia definitiva. “No somos criminales, pero el Código Penal nos trata como si lo fuéramos. Este es un sistema que no distingue entre los buenos y los malos”, lamentó.
Según datos mencionados, el 60% de los internos en prisión preventiva ya cuentan con una condena, mientras que el 40% permanece detenido sin sentencia firme. Esta situación ha contribuido al grave problema de hacinamiento en los penales peruanos.
Para abordar esta crisis, la congresista Ana Zegarra, de Somos Perú, ha presentado un proyecto de ley que propone la privatización de los centros penitenciarios, con el fin de mejorar la rehabilitación y resocialización de los internos mediante la participación del sector privado.
El tema de la seguridad penitenciaria también ha estado en la agenda tras recientes fugas en establecimientos de máxima seguridad, como la evasión de seis internos, entre ellos tres menores, del Centro Juvenil ‘Maranguita’ y la fuga de un recluso del Penal de Lurigancho, que logró escapar pese a disparos desde el torreón de vigilancia.
La crítica del premier Arana abre un debate urgente sobre la reforma del sistema judicial y penitenciario en Perú, marcado por la necesidad de acelerar procesos y garantizar derechos sin sacrificar la seguridad ni la justicia.