La presidenta Dina Boluarte suma su quinta denuncia constitucional en menos de una semana. Esta última fue presentada por la Fiscalía de la Nación, que la acusa de abandono de cargo y omisión de funciones por no comunicar al Congreso su inhabilitación temporal tras someterse a cirugías estéticas entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.
Según el Ministerio Público, durante esos días Boluarte habría delegado funciones sin informar oficialmente su impedimento físico. Durante ese periodo, además, se firmaron varios decretos supremos que hoy se encuentran bajo revisión.
El caso —conocido como “Cirugías”— se suma a otras cuatro denuncias previas presentadas contra la mandataria en apenas siete días. Estas incluyen presuntas contrataciones irregulares durante su gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, enriquecimiento ilícito (caso Rolex) y encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón (caso Cofre).
Cinco casos, una presidenta acorralada
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Caso Cirugías: Abandono de cargo sin notificación oficial al Congreso.
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Contrataciones irregulares: Favorecimiento a un empresario vinculado a su entorno familiar con contratos en Qali Warma y PAIS.
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Protestas sociales: Omisión en la prevención del uso excesivo de la fuerza durante movilizaciones, con decenas de fallecidos.
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Caso Rolex: Aumento patrimonial no justificado y omisión de bienes de lujo en sus declaraciones juradas.
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Caso Cofre: Presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón, implicando el uso de recursos del Estado para facilitar su fuga.
A esto se suma el creciente distanciamiento de bancadas en el Congreso y un clima político de desconfianza. Mientras Boluarte niega las acusaciones, las investigaciones continúan avanzando y el escenario institucional se vuelve cada vez más incierto.