En medio del paro nacional de transportistas que ha paralizado varios puntos del país y evidenciado la creciente crisis de inseguridad, la presidenta Dina Boluarte emitió un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno en el que volvió a responsabilizar a otras instituciones del Estado por la inacción frente al crimen organizado. Durante su mensaje, la mandataria insistió en que el Congreso debe debatir con urgencia el proyecto de ley sobre “terrorismo urbano”.
“Estamos esperando que se debata la ley de terrorismo urbano. Estos malos ciudadanos, al quitarle la vida a un conductor o extorsionar a una familia, están generando terror en zonas urbanas. Por eso, la calificación es precisa”, señaló Boluarte, sin ofrecer nuevas medidas concretas desde el Ejecutivo para contener la violencia.
La presidenta sostuvo que su Gobierno, a través de la Policía Nacional, es el único actor que estaría enfrentando el problema. “La Policía y las estrategias que estamos implementando desde el Ejecutivo buscan frenar esta lacra social”, enfatizó, mientras criticaba abiertamente al Poder Judicial y al Ministerio Público por liberar a delincuentes capturados.
No obstante, analistas recuerdan que fue la propia administración de Boluarte la que promulgó la cuestionada ley sobre crimen organizado, que propone eliminar 59 de los 91 delitos actualmente clasificados como graves. Esto incluiría la despenalización relativa de conductas como la estafa agravada, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de migrantes, la tala ilegal y hasta la venta de órganos.
Pese a que el país atraviesa una crisis de violencia sin precedentes —con sicariato, extorsión y asesinatos a plena luz del día—, Boluarte deslegitimó el paro de transportistas al afirmar que “pierden tanto los empresarios como los propios conductores”.
El pronunciamiento presidencial ha generado diversas reacciones. Mientras algunos congresistas del oficialismo respaldan el proyecto de ley de terrorismo urbano, expertos advierten que la iniciativa busca criminalizar la protesta social y no tiene sustento técnico para enfrentar el crimen organizado.
El país continúa a la espera de soluciones reales y efectivas frente a la creciente ola delictiva que golpea a millones de peruanos.