En una conferencia de prensa desarrollada en la sede institucional del Colegio de Abogados de Lima (CAL), el actual decano, acompañado por directivos y simpatizantes, denunció una medida cautelar emitida por el cuestionado Consejo de Ética de la orden profesional, la cual califica como un acto de represalia política que busca desestabilizar y silenciar a la institución.
Durante su intervención, el decano advirtió que la medida que pretende suspenderlo a él y a otros miembros de la Junta Directiva no tiene sustento jurídico ni ético, y responde —según sus declaraciones— a intereses externos que buscan capturar el colegio con fines políticos. “Es una medida fantasiosa, ridícula, que intenta usurpar la voluntad democrática del gremio, expresada en elecciones libres donde obtuvimos la votación más alta en la historia del CAL, con más de veinticinco mil votos”, afirmó.
El decano vinculó esta medida a una serie de posturas institucionales adoptadas por su gestión en defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad democrática. “Nos hemos pronunciado contra el crimen organizado, la ley del allanamiento, la criminalización de adolescentes, y hemos defendido la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público”, recalcó. Además, señaló que su reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría generado molestia en sectores del Gobierno y el Congreso, lo cual habría motivado acciones de represalia.
También cuestionó la legitimidad del Consejo de Ética que emitió la medida cautelar, denunciando que algunos de sus miembros enfrentan denuncias penales, falsedades en declaraciones juradas y hasta procesos por violencia familiar. “¿Cómo puede un Consejo de Ética ser presidido por una persona denunciada por fraude o conformado por integrantes que han ocultado antecedentes graves?”, se preguntó.
La medida en cuestión ha sido apelada ante el Tribunal de Ética, al que se le ha solicitado actuar conforme al debido proceso y a los reglamentos internos del colegio. El decano también anunció que se están tomando acciones judiciales civiles y penales contra quienes intentan, según dijo, “tomar por asalto” el CAL.
“Lo que está en juego no es solo una gestión, sino el futuro del colegio como institución independiente y representativa de la abogacía peruana. No permitiremos que intereses ajenos al gremio lo conviertan en un botín político”, concluyó.
La actual administración del CAL asegura que continuará ejerciendo sus funciones con firmeza y que hará respetar el mandato otorgado por sus agremiados, en tanto se resuelven las apelaciones presentadas.