El Congreso de la República concedió al Gobierno de José Jerí facultades legislativas por un periodo de 60 días, con el objetivo de que impulse medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar la criminalidad. Dentro de este marco, el Ejecutivo quedó habilitado para proponer la tipificación del delito de revelación de información reservada relacionada con investigaciones penales y acciones policiales.
De acuerdo con el decreto publicado el 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano, la futura norma contemplaría un supuesto específico de inhabilitación en caso de condena por este delito, señalando además que se garantizarán derechos fundamentales como la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional. No obstante, al no existir aún el texto legal definitivo, persisten interrogantes sobre a quiénes alcanzaría la restricción y cuáles serían las sanciones aplicables.
La iniciativa, presentada el pasado 20 de noviembre como parte de un paquete de medidas, despertó especial preocupación en el sector periodístico. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtió, mediante un comunicado, que la propuesta afecta directamente al periodismo de investigación, al considerar que penaliza la difusión de información de interés público y pone en riesgo la protección de las fuentes y el secreto profesional. Asimismo, alertó que podría limitar el acceso a información sobre investigaciones de alto interés público que involucran a actores con poder político.
En la misma línea, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó su inquietud por el carácter amplio e impreciso de la medida. Su directivo, Rodrigo Salazar, señaló en entrevista con RPP que, de no establecerse límites claros, la norma podría ser utilizada también contra periodistas que informen sobre procesos en curso. Por ello, remarcó la necesidad de incorporar salvaguardas explícitas que excluyan el ejercicio del periodismo de cualquier sanción penal, advirtiendo además que la propuesta podría terminar funcionando como un mecanismo de protección institucional para la Policía Nacional.
Ejecutivo rechaza que se trate de una “ley mordaza”
Desde el Gobierno se descartó que la intención sea restringir la labor informativa. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la medida no busca censurar a la prensa, sino sancionar penalmente a funcionarios, fiscales, jueces o policías que filtren información a personas investigadas, facilitando su fuga o la obstrucción de la justicia. Según explicó, actualmente estos actos solo reciben sanciones administrativas, por lo que se plantea elevar su gravedad al ámbito penal.
Álvarez aseguró además que no existe voluntad alguna de confrontación con los medios y anunció que representantes del gremio periodístico serán convocados durante la elaboración del decreto legislativo, a fin de recoger sus aportes y observaciones. En esa misma línea, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió la iniciativa al considerar que la filtración de información constituye una amenaza seria que debilita al Estado desde el interior. Durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, el 24 de noviembre, sostuvo que se busca tanto crear un tipo penal específico como garantizar la separación definitiva del cargo de los funcionarios que incurran en este tipo de conductas.
Antecedentes que reavivan la preocupación en la prensa
Pese a las aclaraciones del Ejecutivo, los gremios periodísticos recuerdan que no es la primera vez que se plantean medidas que podrían afectar la libertad de prensa. El 14 de abril de 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, que otorgó al Estado facultades de control previo sobre medios y organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional, exigiendo la aprobación de sus proyectos por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Dicha norma obliga al registro de las organizaciones ante la APCI e introduce conceptos ambiguos como “participación en política interna” o “alteración del orden público”, lo que, según críticos, permite una aplicación discrecional contra medios críticos. Además, prohíbe el uso de fondos de cooperación para iniciar acciones legales contra el Estado, incluso en procesos de acceso a información pública, dejando en situación de vulnerabilidad a periodistas frente a posibles demandas judiciales.
El rechazo a esta legislación trascendió fronteras. Más de 270 periodistas de investigación de 24 países suscribieron un pronunciamiento conjunto en el que calificaron la medida como una forma de control político encubierto, con efectos directos sobre derechos fundamentales como la libertad de prensa y de asociación.
A estos antecedentes se suma el intento del gobierno de Pedro Castillo y su gabinete por impulsar una norma conocida como “ley mordaza”. En ese contexto, el entonces ministro de Justicia, Félix Chero, defendió la propuesta argumentando que la difusión de información reservada ponía en riesgo las investigaciones y a las personas involucradas, sosteniendo que solo los operadores de justicia y las partes del proceso debían tener acceso a dichos datos.
Este nuevo debate reabre la discusión sobre el equilibrio entre la lucha contra la criminalidad y la protección del derecho a informar, un punto que mantiene en alerta a los gremios periodísticos del país.