La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aprobó este martes el dictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria, figura eliminada en 2021 tras amplias críticas ciudadanas.
La iniciativa, presentada por el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) en agosto de 2023, busca modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú. Con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el dictamen plantea que ningún congresista podrá ser procesado ni detenido durante el ejercicio de sus funciones sin autorización previa del Congreso o la Comisión Permanente, salvo en casos de flagrancia.
¿Qué establece el proyecto aprobado?
El texto aprobado precisa que, en caso un parlamentario sea sorprendido cometiendo un delito en flagrancia, deberá ser puesto a disposición del Congreso en un plazo de 24 horas. La Comisión Permanente tendrá un máximo de 30 días calendario para autorizar o rechazar su procesamiento. De no pronunciarse en ese plazo, se entenderá como una autorización automática.
Además, se establece que solo la Corte Suprema de Justicia podrá procesar penalmente a los congresistas por delitos comunes cometidos durante el mandato. Esto excluye a cualquier juez ordinario, reforzando el blindaje judicial de los legisladores en ejercicio.
Importante señalar que esta eventual reforma no tendría efecto retroactivo. Es decir, los delitos cometidos antes del año 2026 podrán ser investigados por el Ministerio Público como hasta ahora.
Votación dividida
El proyecto fue respaldado por congresistas de diversas bancadas, principalmente Fuerza Popular, Acción Popular, Perú Libre, Renovación Popular, APP, Podemos Perú y Somos Perú. Entre los votos a favor figuran Fernando Rospigliosi, Alejandro Aguinaga, Patricia Juárez, Martha Moyano, Wilson Soto, Waldemar Cerrón, Alejandro Muñante, entre otros.
En contra se pronunciaron Ruth Luque (Bloque Democrático), Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) y Alex Flores Ramírez (Bancada Socialista), quienes cuestionaron la propuesta por considerarla un retroceso en materia de transparencia y lucha contra la impunidad.
Cinco legisladores se abstuvieron, entre ellos José Williams (Avanza País), Alex Paredes (Bloque Magisterial) y Juan Carlos Lizarzaburu (APP).
Opiniones encontradas
El constitucionalista Heber Joel Campos advirtió que, de aprobarse esta reforma, el Congreso recuperaría el poder de bloquear investigaciones judiciales contra sus integrantes, incluso en casos de corrupción.
“El Ministerio Público podría investigar solo a nivel preliminar. Para que un congresista sea procesado o detenido, se necesitaría autorización expresa del Congreso, lo que abre la puerta a eventuales blindajes políticos”, explicó.
Por su parte, el excongresista Luis Roel (Acción Popular) calificó la iniciativa como un “grave retroceso”, al considerar que restablecer la inmunidad parlamentaria podría fomentar el ingreso de personajes cuestionados al Legislativo en busca de protección.
“Esta figura puede generar incentivos perversos y aleja al Congreso de los estándares democráticos de transparencia y rendición de cuentas”, advirtió.
En contraste, el congresista Soto defendió su propuesta señalando que busca garantizar que los parlamentarios puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de presiones indebidas o denuncias arbitrarias.
Próximo paso: el Pleno
La iniciativa deberá ahora ser debatida y votada por el Pleno del Congreso. De aprobarse, requerirá el respaldo de dos legislaturas consecutivas o la ratificación mediante referéndum para entrar en vigor, por tratarse de una reforma constitucional.