Una posible concesión de la Refinería de Talara al sector privado desde enero de 2027 ha encendido las alertas sobre el futuro de esta importante infraestructura energética del Perú. La eventual medida contemplaría entregar la administración y el manejo técnico de sus operaciones a empresas privadas, situación que podría representar, según los cuestionamientos planteados, una forma de privatización encubierta de uno de los principales activos estratégicos del país, recientemente modernizado y considerado entre los más avanzados de su categoría.
La preocupación también se centra en las cifras económicas atribuidas a la empresa. Según los datos difundidos, la refinería registraría una facturación aproximada de 7 mil millones de dólares anuales y utilidades estimadas en 4 mil millones de soles anuales durante el periodo 1991-2021. Asimismo, se señala que habría aportado al Estado alrededor de 12 mil 600 millones de soles en impuestos.
Otro punto que requiere atención son los montos que, según la información presentada, estarían pendientes de reconocimiento o devolución por parte del Estado: 3 mil 112 millones de soles por crédito fiscal de la Amazonía, 6 mil 48 millones de soles por recuperación del IGV y otros 480 millones de soles vinculados a la ONP. Estas cifras plantean interrogantes sobre la situación financiera de la empresa y la relación económica que mantiene con el Estado.
A ello se suma la importancia de su infraestructura, que contaría con sistemas propios para producir agua potable y generar electricidad. También se ha advertido sobre la eventual participación de compañías extranjeras, incluidas empresas norteamericanas, en una posible administración privada, aunque las condiciones y los alcances de ese escenario todavía requieren información oficial.
Frente a este panorama, surge una interrogante fundamental: ¿Qué implicaría para el Perú entregar la administración de una de sus principales infraestructuras energéticas al sector privado? La ciudadanía
