El Congreso de la República aprobó el 16 de abril de 2026 un bono económico excepcional de S/ 1.130 destinado a los veteranos de las Fuerzas Armadas que prestaron servicio durante el periodo de violencia interna comprendido entre 1980 y el año 2000, una etapa marcada por el enfrentamiento del Estado contra organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. La medida busca reconocer, de manera concreta, la labor cumplida por miles de militares que participaron en operaciones en zonas declaradas en emergencia.

El bono fue aprobado como parte de un paquete de disposiciones sociales orientadas a cerrar brechas históricas de reconocimiento hacia grupos que, durante años, reclamaron apoyo estatal por las secuelas físicas, psicológicas y económicas derivadas del servicio armado. Según el texto de la norma, el beneficio será entregado por única vez y no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, con el objetivo de evitar afectaciones al sistema previsional.
Representantes de asociaciones de veteranos saludaron la decisión, señalando que el bono constituye un gesto simbólico y reparador, aunque insistieron en la necesidad de políticas integrales que incluyan atención en salud especializada y programas de inserción social. Desde el Congreso, varios legisladores destacaron que se trata de un acto de justicia tardía, pero necesario, hacia quienes “defendieron el orden democrático del país en circunstancias extremas”.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respaldó la medida señalando que el impacto fiscal es manejable y focalizado, dado que el universo de beneficiarios está claramente identificado a través de padrones oficiales del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Asimismo, se indicó que el financiamiento provendrá de partidas previamente asignadas al gasto social no ejecutado.
Especialistas en políticas públicas consideran que este tipo de decisiones contribuye a recomponer la relación entre el Estado y sus fuerzas de seguridad, en un contexto de alta demanda ciudadana por reconocimiento y cohesión social. No obstante, advierten que el reto de fondo sigue siendo la construcción de una memoria nacional que reconozca a todas las víctimas del conflicto interno, militares y civiles, sin exclusiones.