El Gobierno peruano dio un paso significativo hacia el fortalecimiento de la inversión pública tras la aprobación, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de un nuevo conjunto de indicadores y procedimientos orientados específicamente a mejorar la capacidad de ejecución de proyectos en los gobiernos regionales y locales. Esta medida, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, forma parte de un esfuerzo más amplio del Estado por optimizar la gestión de recursos públicos y acelerar la ejecución de obras prioritarias a lo largo del país.
La disposición establece los “Procedimientos para la implementación del incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones” correspondientes al año 2026. Estos lineamientos incluyen una serie de indicadores de desempeño, fichas técnicas, metodologías de asignación de recursos y un mecanismo de observaciones para garantizar que las entidades involucradas alcancen metas de eficiencia, transparencia y oportunidad en la utilización del presupuesto. En particular, estos instrumentos buscan corregir brechas históricas en regiones donde la ejecución ha sido tradicionalmente baja, permitiendo que más proyectos avancen dentro de los plazos previstos.
Con estas nuevas herramientas, el MEF busca que los gobiernos regionales y locales no solo ejecuten más, sino que lo hagan mejor: con planificación adecuada, gestión eficiente y resultados palpables para la ciudadanía. El objetivo es que sectores como agua y saneamiento, infraestructura vial, salud, educación, desarrollo productivo y gestión territorial reciban un impulso real mediante una ejecución presupuestaria más ordenada y orientada a resultados.
Además, el incentivo presupuestario servirá como un mecanismo para premiar el buen desempeño, otorgando recursos adicionales a aquellas entidades subnacionales que demuestren avances concretos en la ejecución de sus proyectos. Este enfoque busca transformar el modelo tradicional de asignación de fondos en uno basado en mérito, impacto y eficiencia administrativa.
A nivel nacional, la implementación de estos incentivos podría traducirse en:
- Aceleración de obras paralizadas o retrasadas, producto de burocracia, falta de planificación o limitaciones técnicas.
- Mejoras en servicios públicos esenciales, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales donde la inversión es más urgente.
- Reducción de brechas territoriales mediante una asignación más estratégica de recursos.
- Mayor transparencia, dado que los indicadores permiten un seguimiento claro del desempeño de cada gobierno subnacional.
- Fortalecimiento institucional, ya que los gobiernos regionales y municipales deberán mejorar sus capacidades internas para cumplir los objetivos establecidos.
Finalmente, esta medida se enmarca en un contexto donde el Estado peruano busca elevar la calidad del gasto público y aumentar su impacto directo en la vida de las personas. Al mejorar la capacidad de ejecución de las entidades subnacionales, se espera que el 2026 sea un año clave para avanzar en obras largamente esperadas y en la modernización de servicios fundamentales para millones de peruanos.
