El exministro del Interior, Daniel Urresti, podría salir en libertad en 2026 gracias a la recientemente ratificada Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de la República. La normativa permite conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mayores de 70 años con sentencia firme, por razones humanitarias, lo que favorecería directamente a Urresti, quien cumple esa edad en agosto del próximo año.
La ley, impulsada por el fujimorismo y respaldada por la Comisión de Constitución presidida por Fernando Rospigliosi, ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores políticos de oposición, quienes la califican como una “Ley de Impunidad”.
Como se recuerda, en 2023, Urresti fue condenado a 12 años de prisión como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho, durante el conflicto armado interno. Su sentencia fue ratificada en segunda instancia y se encuentra actualmente en etapa de ejecución.
La nueva ley contempla que los adultos mayores de 70 años de las fuerzas del orden que estén cumpliendo condena o tengan sentencias con calidad de cosa juzgada puedan acogerse a la amnistía por motivos humanitarios. Esta disposición abriría la posibilidad para que Urresti solicite su liberación apenas cumpla la edad requerida.
El propio Fernando Rospigliosi defendió públicamente la eventual excarcelación de Urresti, pese a que anteriormente fue su crítico. “Si tiene que salir en libertad, que salga. No hay problema”, declaró, alegando que la condena por autoría mediata no constituía una prueba contundente del delito y que existe una persecución judicial con motivación política contra los uniformados.
En manos de la presidenta Dina Boluarte está ahora la decisión de promulgar la norma. De hacerlo, Daniel Urresti y otros sentenciados en condiciones similares podrían quedar en libertad, generando un nuevo capítulo de debate nacional sobre justicia, memoria y derechos humanos. Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya han advertido sobre el peligro de impunidad que representa esta medida.