En medio de un clima político tenso y con una creciente indignación ciudadana, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una ofensiva parlamentaria sin precedentes tras oficializarse el aumento de su sueldo a más de S/35.000 mensuales. El Ejecutivo publicó el decreto supremo respectivo en el diario El Peruano, desatando una inmediata respuesta de diversos congresistas, quienes en menos de 24 horas presentaron hasta siete proyectos de ley con el objetivo de derogar dicho incremento.
La medida, que eleva el sueldo presidencial de S/16.000 a S/35.568, ha sido calificada por amplios sectores políticos y sociales como una afrenta en un país donde más del 30% de la población vive en situación de pobreza, según cifras del INEI. La controversia ha escalado rápidamente del ámbito legal al plano ético, y ha generado reacciones dentro y fuera del Congreso.
Los autores del rechazo: una respuesta multipartidaria
Entre los parlamentarios que impulsan la derogatoria se encuentran Sigrid Bazán, Jaime Quito, Guillermo Bermejo, Silvana Robles, Margot Palacios, Elías Varas y Edgar Reymundo, todos ellos pertenecientes a bancadas de izquierda o afines a posturas críticas del Ejecutivo.
La congresista Sigrid Bazán ha reunido firmas de respaldo de sus colegas Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado. Por su parte, Silvana Robles presentó su proyecto con el apoyo de Jaime Quito, Alfredo Pariona, Alex Flores y Pasión Dávila, entre otros.
Bazán fue tajante: “Este aumento es inmoral en medio de un país que enfrenta crisis en salud, educación y economía. Es insostenible defender que un servidor público gane más del doble de su salario original sin resultados visibles en la gestión”.
“Insulto a la pobreza”: las duras críticas desde el Congreso
Uno de los más duros en sus declaraciones ha sido el congresista Jaime Quito, quien sostuvo que el decreto presidencial representa un “insulto a la pobreza que la población viene atravesando”. “El Ejecutivo no puede seguir funcionando como una élite ajena al país real”, declaró a La República.
Quito enfatizó además que el Congreso tiene plena facultad legal para derogar el decreto supremo emitido por el Ejecutivo: “Solo se necesita voluntad política. Mientras más proyectos se acumulen, más fuerza tiene el reclamo”, afirmó.
El parlamentario Guillermo Bermejo, por su parte, no escatimó en críticas al Gobierno y al Consejo de Ministros, al que responsabilizó por haber aprobado el incremento. “Estamos ante un desgobierno absoluto, un piloto automático del modelo económico que ya no sirve. La presidenta más repudiada del mundo se sube el sueldo de manera descarada. Somos un meme a nivel internacional”, sentenció.
¿Quiénes respaldan y quiénes guardan silencio?
A pesar de la amplia oposición en sectores de izquierda y centro, bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) aún no han manifestado una posición clara respecto a los proyectos presentados. Esta postura ha sido interpretada por algunos congresistas como una señal de cálculo político.
“Esperamos que el presidente del Congreso, Alejandro Salhuana, pueda cerrar su gestión con dignidad apoyando esta iniciativa”, manifestó el congresista Edgar Reymundo, quien además consideró que el Parlamento debe responder al clamor popular que rechaza el aumento salarial en momentos de crisis.
El Ejecutivo se defiende: “Hay funcionarios que ganan más”
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, defendió la legalidad y legitimidad del aumento salarial. “No se trata de una medida arbitraria. Hay funcionarios de alto rango que perciben más que la presidenta. Es un tema de reestructuración del sistema de remuneraciones”, declaró.
Sin embargo, sus argumentos no han logrado calmar las críticas. Para la mayoría de los opositores, el contexto de la medida es el principal problema: se da en un momento de creciente desconfianza hacia el Gobierno, con denuncias contra altos funcionarios y una presidenta con niveles históricamente bajos de aprobación.
¿Qué viene ahora?
Los siete proyectos de ley presentados serán acumulados y debatidos en las comisiones correspondientes, pero el asunto ya ha sido calificado como “prioritario” en el Pleno. Si bien no existe un plazo determinado, la presión social y mediática podría acelerar el debate.
Además, diversas organizaciones civiles y sindicatos ya se han pronunciado a través de comunicados y movilizaciones convocadas para los próximos días, en rechazo al incremento salarial.
Conclusión: un Congreso que busca marcar distancia
La rápida respuesta del Parlamento revela un intento de marcar distancia con el Ejecutivo y reconectar con el sentir ciudadano. Más allá de lo legal, el debate ha puesto sobre la mesa la legitimidad del poder en tiempos de crisis, y ha abierto un nuevo capítulo en la ya deteriorada relación entre el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte.
Mientras tanto, el Perú observa con indignación, expectativa y desconfianza cómo se decide si una presidenta impopular puede duplicarse el sueldo sin enfrentar consecuencias políticas inmediatas.