En una controvertida decisión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el archivo de tres denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte y varios exministros por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las manifestaciones sociales del 2022 y 2023.
El informe final, respaldado por una mayoría del bloque conservador y del oficialismo, concluyó que no se configuran infracciones constitucionales ni delitos de función atribuibles a la mandataria. Esta resolución ha generado una fuerte crítica por parte de organizaciones de derechos humanos, la oposición parlamentaria y familiares de las víctimas, quienes consideran que se está fomentando la impunidad.
La presidenta Boluarte, por su parte, agradeció “la madurez política del Parlamento” y reiteró su compromiso con el Estado de derecho. Sin embargo, voces como la de la congresista Ruth Luque advirtieron que acudirán a instancias internacionales para buscar justicia.