1. UNA ALERTA DESDE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCA
Este reportaje nace a raíz de la denuncia recibida por una comunera calificada de la Comunidad Campesina de Chilca, quien, preocupada por la seguridad jurídica de sus tierras, se acercó a este medio para alertar sobre un posible caso de corrupción judicial.
Según su testimonio, la reciente sentencia del Juez Arbieto Huansi Julio César, del Primer Juzgado Civil de Lurín, pretendería consolidar la desposesión de terrenos que pertenecen a la comunidad, utilizando un fallo aparentemente irregular como precedente para despojar de sus tierras a otros comuneros.
La comunera, quien informó que la Comunidad Campesina de Chilca vendió una fracción de sus terrenos para que la empresa Don Pancho Real State S.A.C. haga un aeródromo y que a la fecha es el único aeropuerto alternativo para la ciudad de Lima, y que ellos se sienten orgullosos de que la Comunidad haya contribuido para la defensa nacional y que ahora ese aeropuerto corre peligro por el trafico de tierras y la sentencia que se ha dado, y advierte que el fallo podría ser el primer paso para legitimar una serie de maniobras de tráfico de tierras, beneficiando a personas con vínculos sospechosos. Manifestó que todo lo irregular de la sentencia se puede ver en la página web del Poder Judicial en el seguimiento de expedientes.
2. UNA SENTENCIA EMITIDA A VELOCIDAD SOSPECHOSA
El 6 de marzo de 2025, el juez Arbieto Huansi Julio César dictó la Resolución N° 82 en el proceso de mejor derecho de propiedad, favoreciendo a Lily Indacochea Nugent de Portocarrero.
Lo llamativo es que ese mismo día el juez también resolvió una solicitud de nulidad que pedía incorporar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el proceso, argumentando que sus terrenos estaban involucrados en la disputa.
¿Cómo es posible que en cuestión de horas se haya rechazado una nulidad, se haya “cerrado” el expediente y se haya emitido una sentencia extensa en un caso tan complejo?
Fuentes del ámbito judicial afirman que este tipo de rapidez solo se ve cuando las sentencias ya están listas de antemano.
3. ¿POR QUÉ NO SE INCORPORÓ A LA SBN EN EL PROCESO?
Uno de los elementos más graves del caso es que el juez nunca incluyó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), a pesar de que había un informe de enero de 2025 que confirmaba la superposición de estos terrenos con bienes del Estado.
En la Resolución N° 80, el propio juzgado ordenó que la SBN fuera oficiada para pronunciarse en el proceso. Sin embargo, ese oficio nunca se diligenció, dejando a la SBN completamente al margen del juicio.
¿Por qué el juez ignoró su propia orden?
Este detalle ha generado fuertes sospechas, ya que el fallo se habría emitido sin considerar un elemento clave que podría haber cambiado completamente la decisión.
4. NOTIFICACIONES SELECTIVAS: DEMANDANTE AVISADA, DEMANDADOS EXCLUIDOS
Otro indicio que refuerza la hipótesis de un arreglo irregular en este proceso es la forma en que se hicieron las notificaciones:
📌 Lily Indacochea Nugent de Portocarrero, la demandante, fue notificada el mismo día en que se emitió la sentencia, a través de su casilla electrónica.
📌 Los demandados, incluyendo a Master Business Aviation S.A.C., recibieron la notificación días después, de manera física.
¿Fue una estrategia para dar ventaja a la demandante en el proceso de apelación?
Varios abogados que han revisado el caso sostienen que esta práctica es irregular y podría interpretarse como un favoritismo del juzgado hacia una de las partes.
5. ¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE LA DEMANDANTE Y CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL TRÁFICO DE TIERRAS?
Fuentes anónimas cercanas al caso señalan que el esposo de la demandante, Manuel Portocarrero Giles, tendría antecedentes en negociaciones irregulares de terrenos en la zona sur de Lima, en distritos como San Bartolo y Chilca.
MANUEL RUBEN PORTOCARRERO GILES,
identificado con DNI : 09167133
Se sospecha que Portocarrero Giles habría pactado con el juez Arbieto Huansi Julio César para obtener un fallo exprés que le permita consolidar la propiedad de los terrenos en disputa y, eventualmente, utilizarlos como precedente para futuras apropiaciones de tierras pertenecientes a la Comunidad Campesina de Chilca.
6. SOSPECHAS DE COBRO POR UNA MEDIDA CAUTELAR IRREGULAR
En redes sociales han comenzado a circular supuestos pantallazos y testimonios que indican que el juez habría cobrado una suma considerable a cambio de emitir una medida cautelar innovativa, permitiendo la entrega de la posesión del predio antes incluso de resolver el fondo del proceso.
Si bien la autenticidad de estas pruebas aún no ha sido confirmada, la velocidad con la que se dictó la sentencia y las omisiones en el análisis del caso refuerzan la credibilidad de estos rumores.
7. UNA SENTENCIA QUE IGNORÓ PRUEBAS CLAVES
No solo la velocidad y la falta de imparcialidad del fallo generan dudas. También hubo omisiones graves en el análisis de la sentencia.
📌 No se analizó la superposición de títulos entre la Comunidad Campesina de Chilca y el predio reclamado por Indacochea Nugent de Portocarrero.
📌 No se evaluó la validez de los títulos de los demandados, ni su antigüedad, ni su prelación registral.
📌 No se tomó en cuenta el derecho posesorio de Master Business Aviation S.A.C., que ha ocupado pacíficamente el terreno, pagando tributos y ejerciendo actos posesorios públicos.
En palabras de un especialista en derecho registral consultado para este reportaje:
> “Si un juez ignora pruebas documentales y peritajes clave, el fallo pierde toda validez. No es un error, es una omisión deliberada.”
¿ESTAMOS ANTE UNA SENTENCIA FABRICADA?
Todos los elementos apuntan a una sentencia fabricada para favorecer intereses específicos:
📌 Celeridad judicial injustificada.
📌 Falta de incorporación de la SBN en el proceso.
📌 Notificaciones con ventaja para la demandante.
📌 Vínculos sospechosos entre el esposo de la demandante y presuntas redes de tráfico de tierras.
📌 Rumores de un pago indebido para obtener medidas cautelares favorables.
📌 Omisión de pruebas clave en la sentencia.
¿Se investigará este fallo o será solo un nuevo caso de impunidad en el sistema judicial?
Este medio intentó comunicarse con el juez Arbieto Huansi Julio César para obtener su versión de los hechos, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La apelación de esta sentencia ya ha sido presentada, pero la gran pregunta es: ¿se corregirá esta posible injusticia o se consolidará un nuevo caso de despojo de tierras con aval judicial?
Fuente :
https://supremafortuna.ojo-publico.com/juez/68/