El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica al afirmar que la inclusión de personas en la lista de los más buscados no depende de su cartera ni de la Policía Nacional del Perú (PNP), sino del Poder Judicial y el Ministerio Público. Estas declaraciones han sido desmentidas por expertos y autoridades, revelando contradicciones dentro del propio Ejecutivo.
El caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ha puesto de relieve este tema. Con más de 50 días en la clandestinidad por acusaciones de tráfico de influencias y organización criminal, su ausencia en la lista de los más buscados genera cuestionamientos.
Declaraciones controvertidas
Santiváñez aseguró que una comisión independiente, sin participación del Ministerio del Interior ni la PNP, decide estas incorporaciones. Sin embargo, el general Eduardo Pérez contradijo esta versión, señalando que la comisión está presidida por el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior y conformada por altos mandos de la PNP.
Asimismo, Pérez aclaró que el presupuesto para las recompensas proviene directamente de la PNP, no del Poder Judicial ni del Ministerio Público, y que el rol de estas instituciones es limitado a emitir las órdenes judiciales correspondientes.
Opiniones cruzadas en el Ejecutivo
Gustavo Adrianzén, funcionario del mismo Ejecutivo, expresó previamente que la PNP y el Ministerio del Interior son responsables de gestionar estas políticas de seguridad, dejando en evidencia la falta de coordinación y mensajes contradictorios en el gobierno.
Impacto político y dudas sobre la gestión
Este episodio cuestiona la gestión de Santiváñez, poniendo en duda su conocimiento sobre el funcionamiento de su cartera. Además, expone la percepción de que existiría un trato especial hacia Nicanor Boluarte, aumentando las críticas al gobierno de Dina Boluarte en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
En un contexto donde la inseguridad ciudadana es una preocupación creciente, las palabras del ministro solo aumentan la desconfianza hacia el manejo del sector Interior, alimentando el debate público sobre la eficacia de la gestión gubernamental.