Recientes audios difundidos por medios de comunicación han generado serias dudas sobre el posible uso indebido de oficinas públicas, específicamente las del Ministerio del Interior (Mininter), por parte del actual ministro Víctor Torres Santiváñez. Según estas grabaciones, que aún no han sido validadas oficialmente, Santiváñez habría atendido a particulares vinculados a la organización criminal “Los Pulpos”, presuntamente liderada por el recluso conocido como “El Diablo”.
En uno de los audios, se escucha a una persona que se identificaría como Santiváñez jactarse de tener influencia sobre dos magistrados del Tribunal Constitucional, lo que habría motivado una supuesta entrega de 20 mil dólares por parte de familiares de “El Diablo”. El propósito habría sido agilizar un proceso pendiente ante dicho organismo. Sin embargo, tras no obtener resultados, los familiares habrían exigido la devolución del dinero. La naturaleza de esta devolución —si se trató de honorarios legales o de una coima— no ha sido aclarada.
Además, se sugiere que Santiváñez habría coordinado con su presunto socio, Gustavo Adrianzén Arana —actual presidente del Consejo de Ministros y ex titular de Justicia— el traslado de “El Diablo” a otro pabellón penitenciario. Esta gestión, de confirmarse, podría configurar el delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 400 del Código Penal.
Diversas voces del ámbito político y legal han solicitado al Congreso que evalúe la posibilidad de censurar a ambos funcionarios y levantarles la inmunidad, en caso de encontrarse indicios razonables que sustenten estas acusaciones. También se ha pedido a la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, que inicie las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Hasta el cierre de esta nota, ni el ministro Santiváñez ni el premier Arana han ofrecido declaraciones públicas sobre el contenido de los audios ni sobre las acusaciones en su contra. Tampoco se ha confirmado si existe una investigación formal en curso por parte de la Fiscalía.
La ciudadanía y diversas organizaciones de la sociedad civil han comenzado a exigir transparencia y respuestas inmediatas, ante lo que podría convertirse en uno de los escándalos políticos más delicados del último año.