El reciente asilo político otorgado por el gobierno de Brasil a Nadine Heredia ha generado una ola de cuestionamientos a nivel internacional, encabezados por la organización Transparencia Internacional – Brasil. La ex primera dama del Perú, condenada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, evitó su detención al refugiarse en la embajada brasileña en Lima minutos antes de conocerse su sentencia.
Según informes oficiales, Heredia fue trasladada al día siguiente a Brasilia en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña. Este acto ha sido interpretado por diversos sectores como un grave precedente en la lucha contra la corrupción en América Latina.
Transparencia Internacional calificó la decisión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “una afrenta al sistema judicial peruano” y denunció que Brasil se estaría convirtiendo en “un paraíso para corruptos”. Bruno Brandão, director de la entidad en ese país, fue enfático al señalar: “Después de exportar corrupción, ahora Brasil exporta impunidad”.
Asimismo, desde el Congreso brasileño, diputados opositores como Adriana Ventura y Marcel Van Hattem presentaron una moción para exigir explicaciones al Ejecutivo sobre los criterios legales y éticos que sustentaron el asilo. El senador Sergio Moro, conocido por liderar el caso Lava Jato como juez, también se sumó a las críticas preguntando si Brasil se ha convertido en refugio de “corruptos o narcotraficantes”.
Por su parte, el canciller peruano Elmer Schialer indicó que el Estado peruano acató el procedimiento conforme al artículo 36 de la Constitución, que obliga a respetar la calificación de asilo otorgada por otro Estado. No obstante, el caso ha generado un debate abierto sobre la instrumentalización del asilo político y sus implicancias en las relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil.
En paralelo, el abogado de Ollanta Humala, también condenado a 15 años de cárcel, presentó un recurso de hábeas corpus para revertir la sentencia del expresidente, en medio de lo que podría convertirse en uno de los episodios más tensos de los últimos años en la política judicial del país.