Un reportaje del programa Contracorriente, conducido por Stefanie Medina, ha revelado que en Fuerza Popular trabajadores del Congreso vinculados al partido habrían sido objeto de descuentos de hasta S/500 en sus boletas de pago, bajo el concepto “P.P. Fuerza Popular”. Este nuevo caso de presuntos ‘mochasueldos’ reaviva el debate sobre la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos en el Perú.
Según el informe, la boleta presentada corresponde a mayo de 2024 y muestra una deducción posterior a los descuentos habituales como el impuesto a la renta y el sistema de pensiones. Un trabajador —cuya identidad se mantiene en reserva— confirmó que el descuento fue solicitado a través de una carta dirigida a Recursos Humanos, argumentando que se trataba de una medida para evitar trasladarse al banco a realizar el aporte.
“Yo le mandé una carta a Recursos Humanos para que me hicieran el descuento. Fue totalmente voluntario”, declaró el trabajador al programa Contracorriente.
Vinculación política y respuestas
El trabajador pertenece a la Oficina de Atención Ciudadana, dirigida por Milagros Salazar, excongresista y militante de Fuerza Popular. Salazar negó cualquier responsabilidad en estos descuentos, asegurando que los jefes de área no tienen control sobre las deducciones en las boletas de los empleados. Además, afirmó no recibir ningún descuento relacionado con aportes al partido.
Por otro lado, Auristela Obando, congresista de Fuerza Popular, señaló que desconocía la existencia de descuentos por planilla para afiliados. Sin embargo, aclaró que los congresistas sí realizan aportes voluntarios al partido, pero no a través de deducciones en sus boletas de pago.
“Yo nunca he visto que a un trabajador del Congreso se le descuente por un partido político”, comentó Wilson Soto, congresista de Acción Popular.
Transparencia en el financiamiento partidario
Este caso genera dudas sobre el uso de estos aportes y su destino, considerando que Fuerza Popular ya recibe financiamiento público asignado por la ONPE. Hasta el momento, el partido no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las denuncias presentadas.
La polémica ha encendido nuevamente el debate sobre la necesidad de regular con mayor firmeza las fuentes de financiamiento de las agrupaciones políticas en el país y garantizar la transparencia de sus procesos internos.