En el Congreso se cocina una movida que podría cambiar por completo las reglas del juego electoral.
La congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, ha lanzado un proyecto que, de aprobarse, permitiría a alcaldes distritales y provinciales postular a la presidencia u otros cargos sin renunciar a sus actuales puestos. La fórmula: una simple licencia temporal, que les dejaría la puerta abierta para volver al sillón municipal si la aventura electoral no prospera.
El cambio no es menor. Hoy, la ley obliga a figuras como Rafael López Aliaga —actual alcalde de Lima— a renunciar antes del 11 de febrero de 2026 si quiere tentar la presidencia. Con el plan de Chirinos, podría lanzarse a la campaña, recorrer el país con su alta exposición mediática y, si no gana, regresar sin problema a la Municipalidad de Lima.
Los defensores lo venden como una medida de “continuidad de gestión”, para que los municipios no queden a la deriva si el alcalde pierde. Pero para sus detractores, esto es abrir la puerta a campañas con ventaja descomunal, usando —aunque sea de forma indirecta— la maquinaria, redes y visibilidad del cargo para seducir votantes.
¿Casualidad que la norma beneficie a los posibles candidatos de Renovación Popular? ¿Reforma democrática o jugada maestra con nombre propio? El debate ya está servido, y si el Congreso la aprueba, podríamos estar ante una de las reformas más estratégicas —o más cuestionadas— rumbo a las elecciones generales del 2026.
