Pescadores de siete distritos de Lima llevaron a cabo una protesta en las principales calles del Centro de Lima, exigiendo justicia social y responsabilidades a Repsol y al Gobierno por los efectos persistentes del derrame de petróleo que ocurrió en la costa peruana. La Federación de Pescadores Artesanales, Ancestrales y Tradicionales, que agrupa a pescadores de Ventanilla, Santa Rosa, Aucallama, Barranca y Chancay, encabezó la movilización, destacando la urgencia de abordar las consecuencias socioambientales del incidente.
A través de un comunicado, los pescadores criticaron al Gobierno por su falta de acción ante el desastre ecológico, que no solo perjudicó el ecosistema marino sino también la actividad pesquera y la economía local. Miles de familias que dependen del mar para su sustento diario se vieron afectadas. “Saldremos a la calle en voz de protesta porque aún persiste la contaminación en las playas”, declararon los manifestantes.
El gremio exigió el pago de indemnizaciones y la limpieza total del mar, señalando que el Estado había ignorado sus peticiones para solucionar el problema. Informes del Instituto Marino del Mar del Perú indicaron que la estructura del ecosistema marino seguía dañada por la contaminación del petróleo, lo que llevó a los pescadores a buscar la intervención decisiva del Ejecutivo para asegurar la compensación económica adecuada. Los dirigentes aseguraron que las medidas de mitigación no se habían cumplido adecuadamente, dejando a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad.
Además, los manifestantes criticaron al Grupo de Trabajo Multisectorial, liderado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por no cumplir con su función de elaborar una lista de afectados por la tragedia. En este contexto, demandaron una participación activa en el proceso de aprobación y fiscalización del Plan de Rehabilitación presentado por Repsol, insistiendo en que se garantice la inclusión de los pescadores de las zonas damnificadas.
La promulgación de la Ley 31749, que busca reconocer y preservar la pesca tradicional ancestral y artesanal dentro de las cinco millas marítimas peruanas, no ha sido reglamentada por el Ministerio de la Producción, lo que generó preocupación entre los pescadores. Más de 60 organizaciones artesanales criticaron la demora, señalando que esto perpetúa la competencia desleal y la sobreexplotación de recursos, afectando directamente su sustento
En respuesta, Repsol emitió un comunicado afirmando que la Refinería La Pampilla estaba cumpliendo con su compromiso de compensar al Padrón Único de Afectados elaborado por el Gobierno. Según la empresa, el 98% de los afectados había recibido la totalidad de sus compensaciones y las playas afectadas cumplían con los estándares de calidad ambiental, siendo aptas para actividades productivas y recreacionales.
