El delito de extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana en el país. Durante el 2025, las denuncias por este ilícito alcanzaron niveles sin precedentes, reflejando una problemática que afecta de manera directa a miles de familias, trabajadores y sectores productivos, especialmente en las zonas urbanas de mayor densidad poblacional.
De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público, en lo que va del año se han registrado 27 mil 29 denuncias por extorsión a nivel nacional. Lima concentra una parte significativa de estos casos, siendo los distritos de Ate, Comas y San Juan de Lurigancho los que presentan mayor incidencia, con un impacto particularmente grave en el transporte público y en instituciones educativas, que se han convertido en blancos recurrentes de organizaciones criminales.
La Policía Nacional del Perú ha alertado que este delito ha evolucionado en sus métodos. Actualmente, cerca del 70 % de las extorsiones se concretan a través de la aplicación WhatsApp, modalidad que facilita el anonimato de los delincuentes y dificulta la identificación inmediata de los responsables. Las amenazas, que suelen incluir mensajes intimidantes, audios y videos, han escalado a niveles de violencia extrema.
Como consecuencia de esta criminalidad, la PNP reporta 68 homicidios vinculados directamente a casos de extorsión en el transcurso del 2025, lo que evidencia la peligrosidad de estas redes y su disposición a recurrir al asesinato para imponer miedo y control territorial.
Si bien las autoridades informan sobre la desarticulación de diversas bandas criminales y la captura de presuntos integrantes, especialistas en seguridad advierten que el problema continúa expandiéndose. Alertan, además, sobre la consolidación de nuevas modalidades delictivas, como el cobro sistemático de cupos, que afecta desde pequeños comerciantes hasta grandes operadores de servicios.
Este escenario plantea un desafío urgente para el Estado, que enfrenta la presión de fortalecer las estrategias de prevención, inteligencia y persecución penal, así como de garantizar una respuesta efectiva que permita frenar el avance de la extorsión y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia.