El Estado peruano dio un paso significativo al aprobar la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026–2040, una política pública de largo alcance orientada a reducir de manera sostenida la alta informalidad que caracteriza al mercado laboral del país. Esta decisión marca un hito al reconocer la formalización no solo como un problema económico, sino también social y territorial.
La estrategia establece un marco multisectorial que articula a distintas entidades del Estado bajo una visión común, con el objetivo de crear empleos formales de calidad, ampliar la cobertura de derechos laborales y fortalecer la productividad. A diferencia de iniciativas previas, este plan incorpora una mirada de largo plazo, con metas progresivas hasta el año 2040.
Uno de los elementos más relevantes es su enfoque territorial, que reconoce que la informalidad no se manifiesta de la misma manera en todas las regiones del país. Por ello, se plantean acciones diferenciadas según la realidad económica, productiva y social de cada zona, lo que permite intervenciones más realistas y efectivas.
La Estrategia Nacional se estructura en seis ejes estratégicos y 31 líneas de acción, que abarcan desde la simplificación administrativa y el fortalecimiento de la fiscalización laboral, hasta incentivos para la formalización de pequeñas unidades productivas y la mejora de las capacidades laborales de los trabajadores.
Finalmente, se espera que la implementación de esta estrategia contribuya a ampliar la base de trabajadores con acceso a salud, pensiones y protección social, fortaleciendo al mismo tiempo la recaudación y la sostenibilidad del sistema económico. En ese sentido, la medida es vista como una inversión estructural para un crecimiento más inclusivo y equitativo del Perú.