Un informe pericial encargado por la Fiscalía para sustentar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ha sido puesto en entredicho por presuntas irregularidades en su elaboración. El documento, elaborado por el grafotécnico José Daniel Huapaya Verástegui, omitió analizar decretos firmados en fechas críticas y aplicó una cuestionada metodología de selección “aleatoria” que habría favorecido la versión oficial de la mandataria.
Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, al perito se le encargó revisar un total de 91 decretos supuestamente firmados entre junio y julio de 2023, periodo en que Boluarte se encontraba en recuperación tras una cirugía estética. Sin embargo, el informe solo incluyó una parte de estos documentos, dejando de lado justamente aquellos que habrían comprometido su situación legal.
El caso gira en torno a la posible falsedad de las firmas que aparecen en decretos emitidos durante los días en que la presidenta, según los registros médicos, se hallaba imposibilitada de ejercer funciones. La omisión del delito de falsedad genérica en la acusación presentada ante el Congreso debilitó la posición del Ministerio Público, que ahora evalúa sanciones contra el perito y no descarta una reapertura del caso con nuevos elementos.
En paralelo, informes periciales privados encargados por el cirujano Mario Cabani contradicen las conclusiones oficiales y sostienen que al menos una de las firmas atribuidas a Boluarte no le pertenece. Esta nueva evidencia podría dar lugar a una denuncia adicional, en un contexto ya cargado de tensiones políticas y cuestionamientos éticos a la actual administración.