El incremento de la delincuencia agudiza la percepción negativa hacia la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público. El 55% de la población prefiere un líder que priorice la mano dura, aunque implique vulnerar derechos. En un contexto de creciente inseguridad, más del 70% de la población peruana desconfía de las principales instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, según revela la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). La Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y el Poder Judicial son las entidades con mayor desaprobación.
El estudio muestra que el 71% de los encuestados confía poco o nada en la PNP, mientras que la desconfianza hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial alcanza el 73% y 77%, respectivamente. A nivel local, los servicios de serenazgo también generan escaso respaldo entre los ciudadanos.
¿Mano dura como solución?
Frente a este panorama, la encuesta refleja un cambio preocupante en las preferencias de los peruanos. El 55% estaría dispuesto a respaldar un liderazgo autoritario que combata la delincuencia, incluso si se vulneran los derechos humanos. Este enfoque encuentra mayor aceptación en sectores rurales y en las zonas más afectadas por la criminalidad, como el norte del país y los estratos socioeconómicos más vulnerables.
Asimismo, el uso de armas para la defensa personal se consolida como una alternativa: el 52% de los encuestados consideraría portar armas de fuego para protegerse. Esta cifra ha aumentado en los últimos meses, lo que denota la creciente desesperación de la ciudadanía.
Medidas de autodefensa en aumento
El miedo y la desconfianza han llevado a que el 41% de la población se organice con sus vecinos para prevenir delitos, una tendencia que casi se ha duplicado desde 2019. Sin embargo, solo el 4% recurre a servicios de seguridad privada o pública, lo que demuestra una limitada confianza en estas alternativas.
El impacto de la inseguridad también se refleja en las decisiones individuales: el 27% ha instalado sistemas de seguridad en sus hogares, el 21% ha reforzado sus accesos y el 14% toma medidas conjuntas con su familia.
Crisis en pleno año preelectoral
De continuar esta tendencia, la inseguridad podría marcar la pauta del debate político rumbo a las elecciones generales de 2026. Líderes políticos como Keiko Fujimori y Antauro Humala ya han manifestado propuestas enfocadas en una “mano dura” contra el crimen, generando controversia sobre la viabilidad y las implicancias de estas estrategias.
En contraste, mientras la inseguridad domina el país, la presidenta Dina Boluarte afirmó en el Foro Económico Mundial que Perú es un país “en tranquilidad”. La desconexión entre el discurso oficial y la realidad podría agravar aún más la crisis de confianza ciudadana.